El Comité de Ministros resolvió esta semana aprobar el recurso de reclamación presentado por el titular del proyecto inmobiliario Makroceano, contemplado para el sector de las dunas de Reñaca en Viña del Mar, revirtiendo así el rechazo que había dictado en 2024 el Servicio de Evaluación Ambiental.
La decisión se adoptó en la última sesión de la instancia antes del cambio de mando y permite que la iniciativa obtenga una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, lo que asegura su continuidad administrativa. La sesión fue presidida por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas e integrada por las carteras de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.
El proyecto que contempla un edificio de nueve pisos cercano a las dunas de Concón arrastra una controversia judicial y ambiental que se remonta a 2019, cuando la iniciativa contaba con permiso de edificación y con una consulta de pertinencia del SEA que indicaba que no debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Historia de la polémica
El abogado ambientalista Pablo Méndez, socio de TM Abogados, jugó un rol clave en la aprobación del proyecto en su rol como asesor de la iniciativa. Ahora, tras el favorable resultado, hace el recuento de la situación. “Este es un caso que tiene su origen en el año 2019... el proyecto contaba con financiamiento bancario, tenía permiso de edificación y además el Servicio de Evaluación Ambiental había contestado formalmente que no necesitaba ingresar al sistema”.
Sin embargo, en 2020 la Fundación Yarur Bascuñán presentó un recurso de protección ante la Justicia, argumentando que el proyecto debía someterse a evaluación ambiental por su cercanía con el Santuario de la Naturaleza del Campo Dunar de Concón. La Corte de Apelaciones acogió la acción y ordenó paralizar las obras hasta que la iniciativa fuera evaluada ambientalmente, decisión que posteriormente fue confirmada por la Corte Suprema.
Tras ese fallo, la empresa elaboró un Estudio de Impacto Ambiental que ingresó al sistema en abril de 2022. El proceso se extendió por más de dos años hasta que, en septiembre de 2024, la Comisión de Evaluación Ambiental de la región rechazó el proyecto. Pablo Méndez recuerda ahora que esa decisión sorprendió al equipo del proyecto. “Para nosotros fue una decisión súper sorpresiva porque el proyecto iba súper bien encaminado y teníamos más de 10 servicios públicos que se habían pronunciado de manera favorable”, señaló.
Entre las entidades que emitieron informes favorables durante la evaluación se encontraban la Seremi de Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas, Sernageomin y la Dirección de Obras Hidráulicas, entre otros organismos sectoriales.
Informe en derecho
La autoridad regional argumentó en su momento que el proyecto no se hacía cargo adecuadamente de los impactos sobre el ecosistema de dunas. Según el abogado, ese argumento no tenía sustento técnico. “El proyecto está ubicado dentro de un área que el plan regulador consideraba habitacional y en un sector donde existen más de 20 edificios ya construidos”, explicó.
Tras el rechazo, la inmobiliaria presentó, en octubre de 2024, un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, instancia que finalmente resolvió acoger la solicitud.
Durante la revisión del caso, la defensa incorporó nuevos antecedentes. Uno de ellos fue un informe en derecho elaborado por el excontralor Jorge Bermúdez, que cuestionó la fundamentación técnica del rechazo ambiental. Además, la empresa presentó una medida ambiental voluntaria que contempla un área de conservación en dunas del sector de Ritoque, ubicado a unos 10 kilómetros del proyecto.
“Le entregamos un informe en derecho al excontralor Jorge Bermúdez y él encontró múltiples falencias a la hora de rechazar el proyecto”, explicó Méndez.
El abogado agregó que la propuesta ambiental adicional fue planteada en la etapa recursiva tras sugerencias de organismos técnicos. “Definimos y propusimos con informes de especialistas esta medida de conservación en un sector de dunas de Ritoque”, indicó.
A juicio del abogado, la decisión del Comité de Ministros corrige la evaluación anterior. “Para nosotros es súper valioso porque vemos que por primera vez en este procedimiento han primado las razones técnicas y no las políticas”, afirmó.
Qué viene ahora
Tras la votación del comité, el siguiente paso es que la autoridad dicte formalmente la RCA favorable, lo que debería ocurrir en las próximas semanas. “En aproximadamente cuatro a seis semanas debería dictarse formalmente la resolución de calificación ambiental favorable”, explicó Méndez.
Sin embargo, el proyecto aún enfrenta trámites urbanísticos pendientes antes de retomar las obras. El permiso de edificación original, otorgado en 2019, fue caducado recientemente por la municipalidad, situación que la empresa planea impugnar ante la Corte de Apelaciones.
Paralelamente, la empresa ya había ingresado un anteproyecto en 2022 para obtener una nueva autorización urbanística en caso de que el litigio no prospere. “Cualquiera de esas dos vías que funcione nos permitirá obtener la luz verde para continuar con la ejecución del proyecto”, concluyó Méndez.