El jueves, al mediodía, Álvaro García volvió a convertirse en bimistro de Economía y Energía, cargo que había tenido por un breve tiempo en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Llegó a reemplazar a Diego Pardow, a quien horas antes el Presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia con la intención de frenar el problema político que se estaba generando por el error en la fijación del precio nudo y el efecto sobre las tarifas eléctricas.
Pardow había llegado esa mañana a La Moneda con una propuesta para solucionar el problema: sacar al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla; anunciar una auditoría a la CNE de parte del la Contraloría General de la República, tema que habían estado hablando el miércoles con la contralora Dorothy Pérez, y encargar una auditoría externa a un privado para que analizara en forma acotada los procesos tarifarios. Todo esto bajo el diseño de una estrategia que mantendría a Pardow a la cabeza del ministerio.
Pero en La Moneda se definió otra cosa, la salida de Pardow y Mancilla. Había que cortar de raíz y tratar de dar vuelta la página para no empañar la elección presidencial.
Fue nombrado biministro Álvaro García, quien asumió con la misión de buscar la forma de compensar a los afectados por los cobros mal calculados y de instruir una auditoría en la Comisión Nacional de Energía (CNE) para determinar por qué no se detectó la falla antes.
En tanto, en la CNE asumió como subrogante el Jefe del Departamento Jurídico, Mauricio Funes.
"Las empresas sabían"
Este viernes por la mañana, en dos entrevistas radiales, García marcó el terreno. Dejó claro que estaba desde ya trabajando en la devolución de cobros en exceso: “La vía más eficiente ya se inició”, indicó.
Detalló que hay una vía clara que, a su juicio, es la más eficiente y que ya se inició. “Se informa a las empresas que se van a corregir las tarifas a partir del próximo año. A través de este informe técnico, las empresas tienen la oportunidad de entregar sus comentarios y proponer correcciones".
Agregó que una vez que se realiza el informe técnico definitivo, es enviado al Ministerio de Energía para que decrete las nuevas tarifas, lo que posteriormente, va a la Contraloría para su toma de razón. “Todo este proceso toma un par de meses”, explicó.
También apuntó al rol de las empresas del sector durante este proceso, indicando que “cuando se hizo el informe técnico que contenía esta metodología equivocada, que estimaba dos veces el IPC, las empresas lo revisaron y no señalaron ningún problema con él. En un período previo también fui ministro de Energía y fui parte de procesos tarifarios y constaté la minuciosidad con que las empresas analizan los informes técnicos preliminares, porque determinan las tarifas que ellos van a tener que cobrar. Me produce extrañeza que nadie se hubiese dado cuenta, o habiéndose dado cuenta, no hubieran hecho un comentario al respecto. Si se hubiesen dado cuenta, lo normal es que hubieran señalado el error que se estaba cometiendo. Era un error que los favorecía, no tenían un interés claro en expresarlo, pero preservando la honorabilidad del sistema, era de esperar que, si hubieran constatado el error, lo hubieran hecho manifiesto".
Tras las declaraciones de García, la interrogante sobre si las empresas sabían o no del error persiste y, por el momento, solo hay acusaciones cruzadas. Las empresas comentan que el plazo para revisar el informe técnico que implica el proceso y plantear observaciones es insuficiente como para advertir este tipo de errores. Incluso, algunos advierten que ni la Contraloría General de la República pudo detectarlo a pesar que toma razón de los decretos.
Fuentes confirman que la detección del error fue sin buscarlo. En una reunión realizada en junio, en el marco del proceso de reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD) que lidera la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), las empresas solicitaron saber cómo se debía aplicar el interés corriente para realizar el cálculo de la reliquidación.
Ante la duda, la SEC acudió a la CNE y esta última compartió una modelación de la reliquidación donde estaba la aplicación del interés corriente y además el IPC. La CNE le habría precisado que lo aplicaban con interés no reajustable pero le agregaban el IPC. La entidad fiscalizadora dudó porque el interés corriente no reajustable ya incorpora la variable inflacionaria y optaron por preguntarle a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco de las consultas recibidas por las empresas.
Lo anterior, ya que precisamente la reliquidación del VAD implica un monto no menor que se traducirá en alzas, por lo que buscaban asegurarse respecto a los criterios utilizados. Conocedores estiman que el primer trimestre del próximo año la SEC podría estar en condiciones de instruir un procedimiento de cómo se va a cobrar.
En ese intercambio se habrían encendido las alarmas en la CNE.
Descargos de las empresas
Como era de esperar, las generadoras no se tomaron bien los dardos del nuevo titular de Energía. Desde Engie Chile indicaron que las empresas reciben una versión preliminar de este informe PNP, y luego tienen cinco días hábiles para revisarlo, que generalmente consta de más de 100 páginas, en las que se incluyen antecedentes y cifras.
"En este sentido, y con el acotado plazo, el foco de la revisión por parte de las empresas no está en revisar y validar los números que ya vienen dados por el regulador, sino que en aquellos factores propios del negocio, como por ejemplo los volúmenes de venta, despacho de los contratos, correcta asignación de energía, y aplicación de los principios regulatorios, entre otros. Así, el cálculo del interés es un dato que no está en el foco de la revisión en un plazo tan acotado", enfatizaron.
Y agregaron que "es esta legítima confianza en la información básica utilizada por el regulador para la construcción de sus cálculos e informe, la que permite que las empresas puedan cumplir con este proceso en cinco días”.
Desde la vereda de las distribuidoras eléctricas se sienten alejados de esta crisis en términos técnicos y regulatorios aunque no reputaciones. Esto, porque si bien tienen la convicción que es un tema que corresponde a las empresas de generación, están conscientes que las distribuidoras son las compañías que interactúan directamente con los clientes. De hecho, ya asumen que los reclamos podrían dispararse, porque se genera una desconfianza respecto a lo que se cobra.
Al menos dos distribuidoras salieron a deslindar responsabilidades por los cobros excesivos y apuntaron a las generadoras. Enel Distribución tomó la delantera y decidió enviar este viernes un mensaje a sus clientes donde pone a disposición sus canales de atención ante dudas. Esto, comentan fuentes, ya que este jueves habrían llegado diversas consultas a los call center por lo ocurrido.
"Las tarifas eléctricas son reguladas y definidas por la autoridad, y las empresas distribuidoras las aplican conforme a los decretos tarifarios vigentes, actuando como recaudadoras de otros actores del sistema eléctrico", señalaron en la misiva desde Enel Distribución.
En este caso, agregaron, "el problema se origina en un componente de la tarifa, ajeno al segmento de distribución. Estamos a la espera de las instrucciones de la autoridad para aplicar las correcciones que disponga".
Con la misma tónica, CGE envió más tarde una misiva a sus clientes, recalcando que lo sucedido corresponde a los precios del segmento de la generación y que las distribuidoras lo deben aplicar de acuerdo con los decretos tarifarios vigentes.
"Cualquier ajuste que se realice en las cuentas, deberá ser fijado mediante Decreto Supremo del Ministerio de Energía y será informado oportunamente por CGE", indicaron.
Pero las palabras del ministro García respecto a la responsabilidad de las empresas generadoras abrió un nuevo frente de debate, el cual algunos estiman que se debe aclarar pronto y trabajar en conjunto, porque de lo contrario se judicializará.
¿Cómo se restituirá?
El ministro García sostuvo ayer que el informe técnico preliminar supone un descuento en las tarifas de un poco más de 2% para compensar el exceso cobrado en el período anterior.
Pero hay un punto clave para entender esta discusión. Los US$ 100 millones que corresponden a los sobrecobros comprende el período que va desde el descongelamiento de las tarifas hasta el nuevo decreto que se emitirá. Sin embargo, no está claro cómo se devolverán los recursos previos, los que van de 2017 al congelamiento de tarifas. Eso sí, algunos advierten que los usuarios no habrían pagado ese sobrecosto realmente, ya que la mayoría de este se fue a deuda en las leyes de estabilización. De alguna manera, advierten, se empezó recién a pagar a través del cargo MPC (que financia el fondo de estabilización de tarifas) y esto continuaría hasta pasado el año 2030.
Otros comentan que habría otro error en el informe preliminar -que deberá ser corregido a partir de las observaciones-, ya que se consignaría la devolución desde julio 2022 cuando aún estaban congeladas las tarifas, por lo que debiera decir desde julio 2024.
En medio de la discusión sobre la devolución cuyos detalles aún no se desconocen, el biministro abordó el impacto que tendría en las empresas: "Van a tener los menores ingresos correspondientes al cobro excesivo. Por lo tanto, no se trata de que van a perder plata, sino que van a devolver plata que ganaron en exceso".
Desde las distribuidoras eléctricas, hay un mensaje claro. El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, sostiene: "Para nosotros como industria de la distribución esto se ha transformado en un problema reputacional importante. En un tema en el que efectivamente no estamos involucrados. Por lo tanto, esperamos que la autoridad pueda resolver a la brevedad posible". 