Tras fracasar las consultas amistosas con Cancillería, el pasado 21 de noviembre la firma británica Bupa -dueña de la Isapre Cruz Blanca- ingresó una solicitud de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en contra del Estado de Chile, tal como dió a conocer DF este miércoles.
¿Cuál es la implicancia de esta disputa? De acuerdo al socio de Jana & Gil Dispute Resolution, Francisco Grob, una vez constituido el tribunal arbitral, inicia un proceso que “típicamente toma entre dos a cuatro años” hasta que se dicte una sentencia y, como en todo juicio, el tribunal puede acoger o rechazar la demanda de Bupa.
Para el socio del área de Resolución de Disputas de Bofill Mir, Felipe de Marinis, “un eventual rechazo podría ser por motivos formales o por motivos de fondo”. No obstante, hay otros expertos en disputas de esta clase, que opinan que la británica tiene las de ganar, porque “se le cambiaron las reglas del juego a las empresas a través del Poder Judicial”. En ese caso, afirmó de Marinis, “el tribunal podría acoger total o parcialmente la demanda”, lo que -en sus palabras- implicaría que Chile deba pagar una indemnización por los daños causados al inversionista.
“Aunque se habla de una cifra millonaria, aún no se conoce públicamente el monto exacto, pero es previsible que incluya pérdidas históricas y utilidades futuras esperadas. En este caso el Estado está obligado a cumplir el laudo con recursos fiscales, y el inversionista podría forzar su ejecución tanto en Chile como en el extranjero”, sostuvo el jurista.
Por otro lado, destacó que “un fallo adverso también tendría impactos reputacionales para el país y afectaría los esfuerzos por presentarnos como un país confiable para recibir inversiones extranjeras (...) uno esperaría además que, de darse un fallo adverso a Chile, existiera una revisión y aprendizaje por parte de los distintos poderes del Estado”.
Posible conciliación
Aunque ya hubo una etapa formal de consultas amistosas infructuosa, las partes pueden llegar a acuerdo en cualquier momento del proceso.
En ese sentido, Grob destacó que en todo procedimiento arbitral las partes pueden llegar a un acuerdo o conciliación antes de que se dicte el fallo.
Asimismo, de acuerdo a abogados que han intervenido en este tipo de procesos, la indemnización para la empresa puede ir más allá de un monto a pagar por parte del Estado.
“Generalmente estas empresas no solo buscan que los compensen económicamente, sino que quieren que se les mejoren las condiciones para que -en este caso- su isapre siga siendo negocio”, indicó un abogado que ha participado en disputas internacional y que pidió guardar reserva.
La “punta de lanza”
Todos los expertos coinciden que esta demanda ante el Ciadi puede ser solo el principio. De hecho, para otra socia del área de Resolución de Disputas de Bofill Mir, Liat Tapia, “un fallo favorable podría actuar como un incentivo a otros inversionistas en similar situación para demandar al Estado”.
En esa línea, agregó que “podría ocurrir que Bupa sea la ‘punta de lanza’ y marque el camino para que otros actores demanden al Estado, convenciéndose de que el diálogo con la Cancillería puede no dar los frutos esperados”.
Para entendidos en arbitrajes ante el Ciadi, “esto perfectamente podría ir en escalada” y en el caso de que los controladores extranjeros de isapres decidan llegar a esta misma instancia, estos podrían sumarse a la demanda de Bupa o presentar una propia y que luego cada caso independiente se acumule en un solo proceso.
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