Cara y sello de los habitantes de Aysén a más de un mes de iniciado el conflicto social en la zona
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 19 de marzo de 2012 a las 05:00 hrs.
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Por C.Betancourt / T.Maquehue
El anuncio del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en Aysén, en contra una veintena de personas por los serios incidentes de la jornada del jueves pasado, abrió una nueva interrogante sobre las vías de solución al conflicto que ya se prolonga por más de un mes y los habitantes de la zona ya comienzan a sentir las repercusiones sobre todo, económicas del conflicto.
Un elemento que torna más complejo el logro de un acuerdo ha sido la violencia que se apoderó de la zona y que provocó el quiebre del diálogo. Porque pese a que hay conciencia que la gente de Aysén necesita mejoras en las condiciones de vida y bajar principalmente, el precio de los combustibles, la mayoría está en contra de los actos de agitación.
Sin destino
¿Es toda la comunidad de Aysén la que está movilizada? ¿Es toda la comunidad de Aysén la que está involucrada en los hechos de violencia? La respuesta de la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez (PS), es enfática: “La mayoría de la gente respalda el petitorio y la posición del movimiento social. Un respaldo no sólo de la comuna sino de la región de Aysén. Pero la violencia no es por parte nuestra, sino de Fuerzas Especiales de Carabineros”.
Para otros, en cambio, es un grupo pequeño, organizado e individualizado el que ha enturbiado los intentos de acercamiento e incluso los mismos dirigentes del movimiento social han reconocido que no lo pueden controlar.
Más allá de las posiciones, la situación se torna cada vez más compleja, y sectores como el turismo es uno de los primeros en encender las alarmas.
Carlos Martínez, empresario turístico y de servicios de Coyhaique, dice estar “alarmado” y sobre todo “preocupado” debido a las “mermas en las ventas”. En su caso, dice, ”tengo sueldos y leyes sociales que pagar. Por mucho que tenga la voluntad de pagar los sueldos, no voy a poder pagarlos completos porque no voy a tener los ingresos. Bajo ese punto de vista, el daño es muy grande, es irreversible. Lo que ya se perdió no hay manera de recuperarlo. Yo creo que esta situación en los términos en que está la región, perdió la gran oportunidad de su vida de lograr cosas buenas y positivas”.
Al hacer un balance, un dirigente social afirma que ”uno puede estar de acuerdo con el movimiento, pero en la forma que se llevó, no estamos de acuerdo los dirigentes sociales, porque hubo saqueo, violencia. Nadie tiene derecho a cerrar las vías públicas”.
El anuncio del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en Aysén, en contra una veintena de personas por los serios incidentes de la jornada del jueves pasado, abrió una nueva interrogante sobre las vías de solución al conflicto que ya se prolonga por más de un mes y los habitantes de la zona ya comienzan a sentir las repercusiones sobre todo, económicas del conflicto.
Un elemento que torna más complejo el logro de un acuerdo ha sido la violencia que se apoderó de la zona y que provocó el quiebre del diálogo. Porque pese a que hay conciencia que la gente de Aysén necesita mejoras en las condiciones de vida y bajar principalmente, el precio de los combustibles, la mayoría está en contra de los actos de agitación.
Sin destino
¿Es toda la comunidad de Aysén la que está movilizada? ¿Es toda la comunidad de Aysén la que está involucrada en los hechos de violencia? La respuesta de la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez (PS), es enfática: “La mayoría de la gente respalda el petitorio y la posición del movimiento social. Un respaldo no sólo de la comuna sino de la región de Aysén. Pero la violencia no es por parte nuestra, sino de Fuerzas Especiales de Carabineros”.
Para otros, en cambio, es un grupo pequeño, organizado e individualizado el que ha enturbiado los intentos de acercamiento e incluso los mismos dirigentes del movimiento social han reconocido que no lo pueden controlar.
Más allá de las posiciones, la situación se torna cada vez más compleja, y sectores como el turismo es uno de los primeros en encender las alarmas.
Carlos Martínez, empresario turístico y de servicios de Coyhaique, dice estar “alarmado” y sobre todo “preocupado” debido a las “mermas en las ventas”. En su caso, dice, ”tengo sueldos y leyes sociales que pagar. Por mucho que tenga la voluntad de pagar los sueldos, no voy a poder pagarlos completos porque no voy a tener los ingresos. Bajo ese punto de vista, el daño es muy grande, es irreversible. Lo que ya se perdió no hay manera de recuperarlo. Yo creo que esta situación en los términos en que está la región, perdió la gran oportunidad de su vida de lograr cosas buenas y positivas”.
Al hacer un balance, un dirigente social afirma que ”uno puede estar de acuerdo con el movimiento, pero en la forma que se llevó, no estamos de acuerdo los dirigentes sociales, porque hubo saqueo, violencia. Nadie tiene derecho a cerrar las vías públicas”.

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