El 1 de diciembre entrará en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales y la Agencia de Protección de Datos Personales, entidad a cargo de sancionar y fiscalizar el cumplimiento de la ley.
Esta regulación determina que el Consejo Directivo de la agencia -integrado por tres consejeros- debe ser propuesto por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, 60 días previos a la entrada en vigencia de la ley, es decir, entre octubre y noviembre de 2026.
Abogados especializados en protección de datos y parlamentarios alertaron que el proyecto de ley de reajuste general de remuneraciones del sector público que ingresó el Ejecutivo en su artículo 65° modifica el artículo cuarto transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales, de manera que la nominación de los consejeros se pueda hacer “a lo menos ocho meses antes” de la entrada en vigor.
Esto, según la abogada y socia de Habeas Data Consultores, Ivonne Bueno, deja la puerta abierta para que sea el Presidente Gabriel Boric quien nombre a los consejeros.
Según la abogada, estos cambios fueron sugeridos por la Comisión Asesora Ministerial para la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, creada en junio de 2025 por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para apoyar técnicamente al Ejecutivo en la puesta en marcha de la regulación.
Aunque Bueno considera positivo que se busque adelantar los plazos, indicó que la “misma comisión ha estado recomendando todo esto porque probablemente cuando cambie el Gobierno también los cambien (...) y lo que se está haciendo tiene un matiz también político de dejar lo más amarrado posible el futuro de la agencia, para tratar que esas designaciones las deje hechas Boric antes de que termine su mandato”, dijo.
La Segpres respondió por escrito a DF que la decisión de adelantar los plazos busca “evitar un desfase” entre la entrada en vigencia de la ley y la capacidad operativa de la agencia.
“Con la normativa actual, el Consejo Directivo solo podría asumir el mismo día en que comienzan a exigirse todas las obligaciones al sector público y privado, lo que impediría una instalación previa, la dictación de orientaciones interpretativas y la preparación institucional necesaria”, afirmó la abogada.
El ministerio agregó que el ajuste permitiría que el Consejo esté designado “con antelación suficiente para organizar la Agencia”, elaborar directrices y coordinar la implementación, al “entregar mayor certeza jurídica a los regulados” y evitar vacíos legales en el inicio del nuevo régimen de protección de datos.
“Amarre”
Otra abogada de la plaza que ha seguido el tema advirtió que realizar estos cambios a pocas semanas del término del Gobierno, a través de un “proyecto ómnibus”, configuraría un “amarre institucional”, lo que afectaría a la confianza pública y la legitimidad de la agencia.
La modificación del Ejecutivo también establece que la primera designación de los consejeros del Consejo Directivo de la agencia -que deben ser aprobados por el Senado-, se realice seis meses antes de la entrada en vigencia de la ley, y que su presidente y vicepresidente “deberán nombrarse en la primera sesión que el Consejo celebre”.
Bueno señaló que la modificación también determina que en caso de que el Senado no se pronuncie ante la propuesta del Presidente “antes del vencimiento del plazo señalado en el inciso primero de este artículo” (los seis meses), esta se entenderá aceptada “sin más trámite”.
“Esto va en la vía de que se designen a los mismos en la Comisión (...) Si no se pone un acento en eso, va a pasar desapercibido incluso para la gente de Kast”, comentó la abogada.
Tramitación
El proyecto ingresado por el Ejecutivo continuará su discusión en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja el próximo lunes 12, y ya está fijado para su votación en tabla -en primer lugar- el próximo martes 13, con urgencia calificada de discusión inmediata.
El diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, Miguel Mellado (RN), explicó que la propuesta se está votando “en bloque” según los acuerdos de la comisión, y respecto de la modificación a la ley de datos, dijo que “es una de las cosas en que no estamos de acuerdo y que el lunes vamos a discutir con más profundidad”.
“Vamos a votar por separado. (...) En la Comisión de Hacienda puede que pase -el proyecto-, pero en la Sala no va a pasar. (...) No corresponde adelantar ciertas cosas que lo único que hace -el Gobierno- es dejar a su gente puesta en un cargo remunerado”, añadió Mellado.
La abogada Bueno señaló que el proyecto en discusión va a tener “toda la presión del sector público” y busca introducir “el mayor amarre posible”.
“Estas normas de protección de datos -en el proyecto de ley del Gobierno- están pasando muy desapercibidas para las personas que no saben de qué se trata esto, mientras discuten otros conflictos, como el reajuste. Entonces, como hay una urgencia y en febrero entra la recesión del Congreso, si este tema no se levanta adecuadamente puede que lo aprueben”, dijo Bueno.
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Marco Zecchetto
