Abogada solicita un nuevo pronunciamiento a Contraloría por prescripción en casos de platas políticas

Marisa Navarrete tuvo un rol clave en la génesis del dictamen que emitió hace dos semanas la Contraloría General de la República contra el Servicio de Impuestos Internos (SII), en la que solicitaba que el organismo ”sustentara” su eventual decisión de no perseverar en la acción penal en algunos casos de financiamiento irregular de la política.

Exfuncionaria del SII, exfiscal del Ministerio Público y querellante en la causas Corpesca y Fipes, solicitó hace más de un año -junto con la abogada Paulina Carrasco- que la Contraloría se pronunciara sobre la idoneidad de que Carlos Ominami fuera sobreseído por un delito tributario luego de que éste prescribiera debido -señala- a que el SII demoró varios meses en presentar la acción penal. Esta fue la génesis del documento revelado la semana pasada.

La abogada arremete nuevamente y presentó hace unos 10 días un nuevo requerimiento para que el organismo se refiera a una posible prescripción de algunos casos de contribuyentes en los que el SII aplicó sanciones administrativas.

- ¿Qué fue lo que la llevó a pedir el primer pronunciamiento?

- Junto con Paulina Carrasco pudimos observar que el SII, a raíz de los casos de financiamiento ilegal de la política, estaba teniendo una actuación bastante errática en torno al ejercicio de la acción penal. Nos pareció llamativo y casi escandaloso el punto culmine que fue el sobreseimiento de Ominami a raíz de la presentación extemporánea de la querella por parte del SII. Ya habían transcurrido los plazos de prescripción, se decide el sobreseimiento definitivo y queda impune ese caso. Eso nos motivó a presentar esta solicitud a la Contraloría, pensando que era el único organismo autónomo que podría dar garantía de imparcialidad para poder analizar esta facultad del servicio.

- ¿Cuánto hay de eventual negligencia del SII y cuánto de presiones políticas, como dijo Michel Jorratt?

- Es una pregunta difícil de responder. Uno constata hechos y de ahí uno tendría que sacar las conclusiones. Nos parece que el servicio no puede ser tan negligente como para dejar transcurrir los plazos y esto tiene particular relevancia en los casos que hemos conocido recientemente que no se tocaron en el dictamen de la Contraloría. Hace diez días mandamos otra solicitud a la Contraloría respecto de los casos que conocimos. De eso todavía no hay pronunciamiento.

Los casos fueron conocidos por el SII en 2015, porque fue el propio servicio el que hizo el llamado a autodenunciarse hace dos años. Ya tenían conocimiento de estos hechos y recién ahora han ejercido la acción administrativa. Por tanto, eso pudiera implicar necesariamente que no contempló períodos que están prescritos desde el punto de vista administrativo. Uno podría deducir lógicamente que en esta última acción del servicio no incluyó períodos que estaban prescritos, y eso ha significado que hay períodos en que el SII no hizo nada, lo que sería la misma situación que Ominami. Sería sumamente grave si es que el servicio dejó transcurrir dos años y se prescribió la acción civil

- ¿Qué buscan con este nuevo requerimiento?

- Le hicimos presente al contralor que el SII había decidido el ejercicio de la acción administrativa, pero que planteábamos la duda respecto de si había sucedido lo mismo que en el caso de Ominami, porque necesariamente los plazos estaban prescritos. Por lo tanto, puede que el servicio nuevamente haya guardado en el cajón todos esos períodos y no haya hecho absolutamente nada, lo que nos parece sumamente grave y esperamos que la Contraloría pueda intervenir más allá de lo que intervino ahora.

- ¿Le pareció correcto el tono del contralor? Habló de no responder a “caprichos” del director del SII.

- A mí me pareció correctísimo, de hecho, es lo que uno esperaría de un organismo como Contraloría, porque lo está diciendo el contralor no es algo nuevo. Él está aplicando los criterios que informan todos los procesos administrativos, a todos los órganos del Estado. O sea, aquí no puede un órgano público excusarse en que tiene una atribución para hacer lo que quiera. Las atribuciones, las facultades que tienen los órganos del Estado, están limitadas por los principios de legalidad dentro de los cuales están los principios que dice el propio contralor: objetividad, imparcialidad, probidad. Por lo tanto, si un órgano administrativo no cumple dentro de sus facultades esos principios, está actuando ilegalmente.

- ¿Esto va a marcar un hito, que podría generar un vuelco en los casos de financiamiento irregular de la política?

- Yo creo que es un poco difícil e iluso pensar que se va a echar pie atrás en estas gestiones, porque recordemos que el servicio ha ejercido la acción civil o administrativa, y queda firme cuando la empresa no reclama y acepta la imposición de la multa.

Por lo tanto a mí me parece que eso no va a suceder, pero sí creo que esto significa que la facultad que hoy día tiene el SII para iniciar acciones penales por delitos tributarios al estar cuestionada públicamente por prácticamente todos los sectores debieran tener una respuesta adecuada por parte de quienes tienen hoy día el peso de cambiar las cosas, que son los parlamentarios.

- El director del SII, Fernando Barraza, señaló que creía que había un afán de protagonismo de algunos fiscales por este debate.

- No, para nada. No tiene nada que ver con los fiscales. Los delitos tributarios son delitos graves, tanto o más que los delitos de cohecho. Y en los delitos de cohecho, el Ministerio Público no tiene que pedirle permiso a nadie para investigarlos.