El proyecto que regula la protección y el tratamiento de los datos personales tuvo ayer su segundo debate en la comisión de Constitución del Senado. En la oportunidad, intervinieron representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI).
Los tres gremios respaldaron en general la iniciativa y coincidieron con la necesidad “imperiosa” de modernizar la legislación en la materia. Sin embargo, mostraron su preocupación en algunos puntos del texto emanado por el Ejecutivo.
Las inquietudes se concentraron en tres áreas: la necesidad de ajustar algunas definiciones en conceptos clave que podrían ser malinterpretados; los altos montos de las multas por infracción, que podrían llegar a $ 233 millones (5.000 UTM) y se pueden triplicar en caso de reincidencia; y en la nueva Agencia de Protección de Datos Personales.
Las inquietudes
Este último punto fue ampliamente analizado por el gerente general de la CPC, Fernando Alvear, quien indicó que la suficiencia de la nueva agencia debe ser analizada del punto de vista orgánico garantizando su autonomía, independencia y patrimonio propio, para lo cual manifestó la necesidad de avanzar en establecer un gobierno corporativo colegiado, con períodos de permanencia en el cargo que garanticen independencia del gobierno de turno.
También planteó la necesidad de revisar sus facultades, especialmente en términos regulatorios, ya que el texto actual le entrega potestades propias de una superintendencia. ¿La solución según la CPC? Crear tribunales especializados como en el caso del Servicios de Impuestos Internos, o regular de mejor manera la facultad de dictar normas y a la vez sancionar en base a ellas, como sería si la iniciativa se aprueba como está.
La CCS coincidió en la necesidad de un órgano colegiado para la nueva agencia, pero lo que concentró su preocupación fueron las altas multas con que pueden ser castigados los infractores de la ley y que a juicio del secretario general del gremio, Cristián García-Huidobro, “deben doler pero no matar a las compañías” y bajo el proyecto actual tendrían un efecto nocivo sobre todo en las empresas más pequeñas.
Así, la propuesta del gremio apuntó a fijar un tope para las multas que no debiera exceder al 15% de las ventas en el mes en que se cometió la infracción.
El presidente de la ACTI, Raúl Ciudad, manifestó la importancia de clarificar los alcances que tendrá la ley, ya que a su juicio falta determinación con respecto a quién será finalmente responsable por un tratamiento indebido de los datos personales. Por ello, se deden ajustar definiciones como “responsable”, “titular de los datos”, “consentimiento” o qué será calificado como “dato sensible”, entre otros.
Por parte de los parlamentarios, el senador UDI Hernán Larraín sostuvo que comparte la inquietud respecto a que la nueva agencia dependa del Ministerio de Hacienda, ya que en la medida que sea parte del gobierno “tendrá una connotación política por muy técnica que sea”.
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