En su calidad de ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Alejandro Ferreiro aborda la polémica que afecta a la institución a raíz de la arremetida de un grupo de parlamentarios oficialistas contra la actual presidenta de la instancia, Vivianne Blanlot, y la posibilidad que asuma un puesto en el directorio de la CMPC.
En ese cuadro, junto con salir en defensa de la ex ministra, aclara que “los estatutos del CPLT no contemplan la dedicación exclusiva de los integrantes” y aunque el presidente de la instancia “debiera, eventualmente, administrar con mayor cuidado sus tareas distintas a las del Consejo, en el caso particular de Vivianne Blanlot, de ser ratificada en CMPC asumiría una vez terminado su período como presidenta”.
- Pero ella seguirá integrando el Consejo.
- No veo ilegalidad, de ningún tipo, ni ética, ni estética para que alguien sea miembro del Consejo y en paralelo director de alguna empresa. Lo que establece el estatuto es una inhabilidad completa respecto al desempeño de funciones públicas, porque el Consejo lo que esencialmente hace es controlar el modo en que el Estado cumple con la Ley de Transparencia, por tanto la independencia relevante de los consejeros es respecto del Estado. Además, ellos reciben una dieta que no equivale a una remuneración completa, lo natural y lo que está en el diseño del Consejo, es que las personas desempeñen adicionalmente tareas en el sector privado y eso es lo que han hecho todos los miembros del CPLT en general. Cuando fui integrante del Consejo también fui director y asesoré algunas empresas.
- ¿Pero es prudente, en medio de una crisis de confianza, integrar el directorio de CMPC? ¿Puede ser entendida como una operación de lavado de imagen?
- Si Vivianne y Ramiro Mendoza son parte de la solución a lo que ha vivido CMPC y pueden contribuir a un mejor gobierno corporativo y mejor sistema de control interno, me parece razonable.
- ¿Pero es la imagen del Consejo la que se ve afectada?
- El tema de afectar la imagen tiene que ver con el debate que tengamos al respecto. También se afecta la imagen, si prevalece en la opinión pública la idea de que los miembros del Consejo solo pueden permanecer en sus cargos si cuentan con la confianza de una determinada bancada o un grupo de parlamentarios. Dañaría la imagen y es una buena razón para no pensar que la solución a este asunto pasa por una eventual renuncia de Vivianne Blanlot.
- ¿Y reformar los estatutos del Consejo para evitar este tipo de polémicas?
- Si la sociedad estima que los miembros del Consejo deben tener exclusividad e inhabilidad absoluta respecto del desempeño de cualquier otra actividad remunerada en el sector público-privado, pues bien, habrá que resolverlo por ley. Pero las reglas del juego con las cuales los consejeros asumieron fueron otras y por tanto, no me parece reprochable que se desempeñen en el contexto de las reglas del juego con las que aceptaron ser parte de esta institución.
Ahora, se está discutiendo en el Parlamento una nueva legislación: la protección de los datos personales y entiendo que lo último que se ha ido discutiendo es que el CPLT asuma -como en México o Inglaterra- tanto la protección del acceso de la información y a la transparencia, como la protección de los datos personales. En ese contexto y con una nueva carga de trabajo, probablemente los miembros del Consejo debieran ser de dedicación exclusiva, tener una remuneración acorde a esa dedicación, por lo que las cuestiones de eventuales conflictos por sus labores paralelas en el ámbito privado debieran desaparecer de raíz. Pero es una solución posible de futuro, no en la situación actual.
- ¿Parece preocuparle más que el CPLT quede sujeto a las presiones políticas?
- El Consejo no debiera exponerse a presiones políticas ni sus consejeros debieran sentir que su permanencia depende de la confianza política de unos y otros, porque los consejeros tienen que tener la plena libertad de tomar decisiones que le resulten incómodas incluso a las personas afines a la posición política que ellos representan. Esa autonomía me parece mucho más importante de preservar, que los eventuales conflictos de interés, que son más bien de estética o de imagen y muy discutibles por lo demás, respecto de la empresa privada que rara vez está involucrada en un caso ante el Consejo.
- Pero existe la posibilidad de inhabilitar a un consejero, para lo que se requeriría recurrir a la Corte Suprema, lo que también implica escalar la polémica.
- Si alguien cree que hay un notable abandono de deberes y causales, se puede llevar a la Corte Suprema, y me parece que no estamos ni remotamente cerca de una causal en esa materia. Esos son los mecanismos que están establecidos y es así, porque precisamente se busca preservar en el ejercicio del cargo la autonomía de los miembros del Consejo respecto del mundo político que muchas veces se puede sentir incómodo con algunas decisiones que adopte el Consejo, por eso me preocupa esta idea de que una determinada bancada le pida reflexión y en definitiva invita a renunciar. Eso es delicado.
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