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Publicado: Jueves 15 de octubre de 2015 a las 04:00 hrs.
Una dura declaración pública emitió ayer el gobierno ante los 14 días que ya suma la paralización de funcionarios del Registro Civil e Identificación, la que calificó de “ilegal” e “injustificada”.
A través de un comunicado, el Ejecutivo advirtió que los funcionarios exigen una nueva bonificación que “en el contexto actual resulta imposible de satisfacer, considerando que los trabajadores del servicio han tenido un incremento de sus remuneraciones de más de un 50% real en los últimos 7 años”.
Ante esta situación, el gobierno instruyó a las autoridades del servicio a iniciar los descuentos de remuneraciones de los trabajadores de la entidad que han dejado de cumplir sus tareas, los que se comenzarán a ver reflejados en el pago del próximo 15 de octubre.
La administración Bachelet, además, lamentó que el paro “haya sido utilizado por sectores interesados para cuestionar la reforma laboral (...) Este oportunismo resulta inaceptable, considerando que la iniciativa en trámite tiene por objetivo dotar al país de organizaciones sindicales fuertes y responsables, fundamentales para el desarrollo del país en el largo plazo”.
También se informó que el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional del Registro Civil se encuentra adoptando las medidas destinadas a asegurar que aquellos trámites indispensables puedan ser realizados, implementando centros de atención especiales en todas las regiones del país. Al mismo tiempo, se ha extendido la vigencia de las cédulas de identidad vencidas o que se encuentren por vencer, hasta el 31 de diciembre del presente año. De igual forma se extendió el valor actual de los pasaportes hasta 5 días hábiles después de que concluya esta paralización ilegal.
Finalmente, el gobierno reiteró el llamado a los trabajadores del Registro Civil a retomar sus funciones y terminar con esta paralización que causa daño a chilenos y extranjeros residentes.
Corte Suprema respaldó el actuar de la alcaldía, pero el privado busca una millonaria indemnización, lo que ya fue rechazado por la justicia en primera instancia.
El anuncio, que la secretaria de Estado realizó durante la cuenta pública desde la Universidad de O´Higgins en Rancagua, refleja una leve alza respecto de la última medición de 2022 que lo situó en 0,38%.