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Publicado: Jueves 15 de octubre de 2015 a las 04:00 hrs.
Una dura declaración pública emitió ayer el gobierno ante los 14 días que ya suma la paralización de funcionarios del Registro Civil e Identificación, la que calificó de “ilegal” e “injustificada”.
A través de un comunicado, el Ejecutivo advirtió que los funcionarios exigen una nueva bonificación que “en el contexto actual resulta imposible de satisfacer, considerando que los trabajadores del servicio han tenido un incremento de sus remuneraciones de más de un 50% real en los últimos 7 años”.
Ante esta situación, el gobierno instruyó a las autoridades del servicio a iniciar los descuentos de remuneraciones de los trabajadores de la entidad que han dejado de cumplir sus tareas, los que se comenzarán a ver reflejados en el pago del próximo 15 de octubre.
La administración Bachelet, además, lamentó que el paro “haya sido utilizado por sectores interesados para cuestionar la reforma laboral (...) Este oportunismo resulta inaceptable, considerando que la iniciativa en trámite tiene por objetivo dotar al país de organizaciones sindicales fuertes y responsables, fundamentales para el desarrollo del país en el largo plazo”.
También se informó que el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional del Registro Civil se encuentra adoptando las medidas destinadas a asegurar que aquellos trámites indispensables puedan ser realizados, implementando centros de atención especiales en todas las regiones del país. Al mismo tiempo, se ha extendido la vigencia de las cédulas de identidad vencidas o que se encuentren por vencer, hasta el 31 de diciembre del presente año. De igual forma se extendió el valor actual de los pasaportes hasta 5 días hábiles después de que concluya esta paralización ilegal.
Finalmente, el gobierno reiteró el llamado a los trabajadores del Registro Civil a retomar sus funciones y terminar con esta paralización que causa daño a chilenos y extranjeros residentes.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El ministro del Trabajo también anunció que se ingresarán nuevas medidas de adaptabilidad laboral en las próximas semanas e hizo un llamado a los empresarios a contratar trabajadores.