El gobierno puso el pie en el acelerador para el debate del proyecto que busca crear una nueva ley de migraciones para el país. Y a solo un día de haber ingresado al Congreso, el Ejecutivo finalmente optó por poner suma urgencia al debate de la iniciativa, respondiendo a demandas de parlamentarios de la Bancada Migrante.
Debido a que la próxima semana es distrital, la discusión en la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados se iniciará el lunes 4 de septiembre y no estaría exenta de polémica, ya que hay organismos técnicos y civiles que están disconformes con la propuesta realizada por La Moneda.
Uno de ellos es el Consejo Consultivo Nacional de Migraciones, constituido por asociaciones de migrantes, pro migrantes y académicos y que depende del Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
El presidente del Consejo, Eduardo Thayer, indicó que ya solicitó a la comisión ser invitado a participar de la discusión y hoy en la tarde se reunirá con los otros 17 miembros de la comisión para compartir sus opiniones respecto al texto. Pero su posición ya está clara: cree que el proyecto “no es bueno” y que discutirlo con suma urgencia es una “manipulación electoral”.
Los puntos débiles
“Muchos elementos que generan acceso a derechos están remitidos al reglamento que aún no tenemos en la mano porque va a estar disponible un año después que se apruebe la ley. Y eso indica que el proyecto se hizo a la rápida”, indicó el académico.
Agrega que en términos de los derechos sociales “lo que sobran son condiciones” y eso demuestra que “no es un proyecto que esté fundado en los derechos humanos”.
Una opinión similar tiene el director de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Pablo Valenzuela, para quien la propuesta del gobierno está lejos de las expectativas que tenían las organizaciones migrantes.
“El artículado no empalma con el discurso de enfoque de derechos que se tiene”, indica y en su explicación también apunta a los derechos sociales, ya que en su opinión, la redacción “siempre deja alguna válvula de escape que lo aleja del acceso universal”, que es el estándar establecido por los tratados internacionales.
A juicio de Valenzuela, el ejemplo más claro es el del derecho a salud, ya que el proyecto sujeta el acceso a tener un permiso vigente (visas). “Desde el 2016 Fonasa entrega atención independiente de la situación migratoria en el tramo A (para personas indigentes o carentes de recursos). Entonces, lo que propone la ley es un paso atrás”, afirma.
Para el exjefe del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, sin institucionalidad y sin recursos asociados y considerados para lo que se quiere hacer, “no se avisora ninguna capacidad de gestión de la migración”.
De acuerdo a los tres expertos, junto a los gastos asociados a los migrantes, el proyecto también debería haber incluido los ingresos que se generan para el Fisco por concepto de administración (visas, permisos, etc), los que ascenderían a $ 40.000 millones, cifra similar al gasto actual en institucionalidad según el informe financiero del proyecto, realizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
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