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Publicado: Miércoles 16 de noviembre de 2016 a las 04:00 hrs.
Sólo dos de los 20 diputados de la Nueva Mayoría que rechazaron la semana pasada el veto aditivo del gobierno, modificaron su postura y ahora están disponibles a respaldarlo en su última propuesta de reajuste para los trabajadores públicos, que consiste en un aumento general de 3,2%, un bono de término de negociación de $ 104.000 para los sueldos iguales o inferiores a $ 550.000 y de $ 35.450 para remuneraciones que no superen los $ 2.345.000, además de un “seguro por IPC”, que consiste en $ 10.000 adicionales si la inflación anual en noviembre es igual o mayor al 3,3%.
Con ese conteo llegaron los jefes y subjefes de las bancadas a la reunión que sostuvieron este martes con los ministros Rodrigo Valdés, Nicolás Eyzaguirre y Marcelo Díaz, para intentar encontrar una solución al paro de los empleados públicos que comenzó el 26 de octubre y que se extenderá al menos hasta mañana jueves. “La foto de hoy es que no están los votos”, aseguró al término del encuentro el diputado socialista Juan Luis Castro.
En la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, los ministros informaron los resultados de la reunión que previamente habían desarrollado con líderes de Chile Vamos. Aprobar el reajuste sin el consenso oficialista y con votos de la derecha es un escenario que en el oficialismo no aprueban. Y así se expuso en la reunión con el gobierno. La Moneda “no ha llegado a acuerdo con la oposición. El acuerdo que se busca es con la NM y eso nos deja conformes”, señaló la jefa de la bancada comunista, Karol Cariola.
Así, las posibilidades del gobierno para destrabar el conflicto se acotan. Una es enviar un proyecto que tenga los votos suficientes del oficialismo. Para eso, “se debe mover el guarismo de 3,2% y los bonos”, señaló el jefe de los diputados del PPD, Ramón Farías. Otra, que tenga el respaldo asegurado en ambos bloques políticos. Para eso, le basta con los votos que hasta el momento tiene en la NM y debería sumar algunos de la derecha. ¿Cómo? Asumiendo el compromiso de enviar un proyecto de ley para que sea un comité de expertos el encargado de proponer una cifra de reajuste para el sector público al gobierno, es decir, “institucionalizar” el debate para evitar la demagogia habitual, expresó el presidente de la UDI, Hernán Larraín.
Valdés señaló, luego de la reunión con representantes de Chile Vamos, que el gobierno “está abierto a la idea de institucionalizar la discusión, aunque ciertamente para la actual es muy tarde”. De todas formas, en la derecha hay votos disponibles si se entrega al menos “una señal” en este sentido, pero en el oficialismo creen que sería “un error” pactar con la oposición.
En la reunión de ayer, el gobierno se comprometió a retomar las conversaciones con la Mesa del Sector Público. Eso sí, en la NM ya perdieron la paciencia. “El diálogo no puede ser eterno. Debe ser un diálogo para tomar decisiones. El gobierno ha escuchado a todos los actores que tiene que escuchar y llegó el momento de tomar decisiones”, aseguró el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Manuel Monsalve.
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
El panel que reunió, entre otros, al director general de ProChile, la presidenta de la Sofofa y el gerente general de Metro, analizó el rol de las PYME y la colaboración público privada para el desarrollo del país.
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
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