En 2018, al alero de la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP11), los países suscribieron una serie de side letters -o cartas bilaterales- para acordar ciertas normas específicas entre los mismos, sobre las más diversas materias. Ahí, Nueva Zelanda logró que cinco miembros del bloque le respondieran positivamente, mediante dicho instrumento, la solicitud para dejar sin aplicación el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, contenido en el capítulo 9 de la sección B del acuerdo, algo que por estos días está buscando replicar el gobierno del Presidente Boric.
El mandatario confirmó el viernes que Nueva Zelanda y México ya aceptaron las cartas enviadas por Cancillería, pero no hay un plazo claro para cuánto tiempo se esperará a los ocho países restantes del bloque.
El 8 de marzo de 2018, Nueva Zelanda consiguió que cinco países le firmaran las side letters: Brunei, Malasia, Perú, Vietnam y Australia. Son documentos cortos, de entre cinco y ocho páginas dependiendo del país, y suelen tener una estructura más o menos similar, todas publicadas por el gobierno del país.
Las cartas de Malasia, Brunei y Vietnam son bastante parecidas. En lo que se refiere a contenido, todas tienen cuatro párrafos prácticamente iguales -excepto Brunei que tiene cinco-, los que primero enumeran los compromisos del país signatario, y luego de Nueva Zelanda, que son lo mismo pero al revés.
El contenido
Por ejemplo, la de Malasia dice que “ningún inversionista de Nueva Zelanda podrá recurrir a la solución de controversias contra el Gobierno de Malasia en virtud del Capítulo 9, Sección B (Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados) del Acuerdo, salvo de conformidad con esta carta bilateral”.
Luego, señalan que “cualquier controversia entre un inversionista de Nueva Zelanda y el Gobierno de Malasia que, de otro modo, estaría sujeta a la Sección B del Capítulo 9 (Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados) del Acuerdo deberá resolverse de forma amistosa mediante consultas y negociaciones entre el inversionista y el Gobierno de Malasia”, lo que -precisa- “puede incluir el uso de procedimientos no vinculantes de terceros, como los buenos oficios, la conciliación o la mediación”. Además, detalla que “la solicitud de consultas y negociaciones se hará por escrito y expondrá una breve descripción de los hechos relativos a la medida o medidas en cuestión”.
Posteriormente, se acota que “si la controversia no puede resolverse según lo previsto en el apartado 1(b) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud escrita de consultas, podrá someterse a arbitraje de conformidad con el capítulo 9, sección B (Solución de controversias entre inversores y Estados) del Acuerdo, siempre que el Gobierno de Malasia consienta en la aplicación de este capítulo a la controversia”.
Y, finalmente se lee que “cuando el Gobierno de Malasia haya prestado su consentimiento de conformidad con el párrafo 1(c), una solicitud de consultas de conformidad con el párrafo 1(b) se considerará como una solicitud escrita de consultas de conformidad con el Artículo 9.18.2 (Consulta y Negociación) del Acuerdo”.
En la carta de Brunei se le agrega un párrafo a lo anterior, que dice que “cuando el Gobierno de Brunéi Darussalam no haya dado su consentimiento en virtud del apartado 1(c), el Gobierno de Nueva Zelanda podrá solicitar la celebración de consultas con el Gobierno de Brunéi Darussalam en virtud del Acuerdo entre el Gobierno de Brunéi Darussalam y el Gobierno de Nueva Zelanda sobre consultas bilaterales”.
Perú y Australia
La side letter firmada por Perú es más breve. Establece que "ningún inversionista de Nueva Zelanda podrá recurrir al mecanismo de solución de controversias contra el Gobierno del Perú bajo el Capítulo 9, Sección B (Solución de Controversias Inversionista - Estado) del Tratado", y añade lo mismo para los inversionistas peruanos contra el Gobierno de Nueva Zelanda.
En el caso de Australia se abordan más temas, pero en lo relativo al mecanismo de resolución de controversias en el TPP11 se detalla que “nada de lo dispuesto en el Acuerdo se interpretará como una excepción a los derechos u obligaciones de Nueva Zelanda o Australia en virtud del CER o del AANZFTA”. También, que “ningún inversionista de Nueva Zelanda podrá recurrir a la solución de controversias contra Australia en virtud del capítulo 9, sección B (Solución de controversias entre inversores y Estados) del Acuerdo”, y vice versa.
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