Finalmente, este miércoles, el proyecto de reajuste del sector público quedó en condiciones de ser promulgado por el Gobierno, luego que los republicanos se abrieron a retirar más de una decena de votaciones separadas.
De esto modo, los funcionarios públicos recibirán a partir del próximo mes un reajuste de 3,4% escalonado: es decir, 2,0% a partir de diciembre de 2025, que será pagado de manera retroactiva, y 1,4% a partir de junio de este año.
Sin embargo, el aspecto más polémico de la iniciativa del Ejecutivo no pasó la barrera que le puso la oposición, desde el inicio del trámite, la norma que desde el punto de vista del Gobierno protegía la estabilidad laboral de los trabajadores del sector, pero que la oposición impuso como “ley de amarre” en el proceso.
La administración del Presidente Gabriel Boric, que va de salida, sí logró mantener por un años más el teletrabajo para el sector público.
Tensa ruta
Un largo y tenso camino recorrió el proyecto desde su ingreso, el 6 de enero pasado, ya que aun antes de arribar al Congreso había trascendido el polémico artículo con el que el Ejecutivo buscaba defender la “estabilidad laboral” de los funcionarios públicos, al conocerse el protocolo suscrito entre el Gobierno y la mesa del sector. En ese momento la oposición rechazó la medida, bautizándola como “ley de amarre” y advirtió que no la dejaría pasar en el Congreso.
No contribuyó a una tramitación más rápida y fluida el que el Ejecutivo decidiera incluir en el proyecto una ley miscelánea con múltiples y variadas normas; y, el hecho de que los parlamentarios opositores insistieran en que gran parte del proyecto estaría desfinanciado, postura con la que colaboraron las exposiciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y de la Contraloría, tanto en la Cámara como en el Senado.
De hecho, en este último cobraron especial relevancia los senadores opositores UDI Juan Antonio Coloma y Javier Macaya; el RN Rodrigo Galilea; y, la demócrata Ximena Rincón -recién designada ministra de Energía en el próximo gobierno de José Antonio Kast-, que actuaron como un verdadero cortafuego a las normas que representaran algún tipo de gasto para el Estado.
Este fue el telón de fondo para la tramitación del último reajuste de la administración Boric, que aunque con viento en contra logró la aprobación de la parte más importante del proyecto: el reajuste, aguinaldos y bonos.
Aunque la oposición reclamó hasta el final debido a la diversidad de las normas misceláneas incluidas por el Gobierno en el proyecto, también aportó incluyendo esencialmente materias de seguridad como la que le permitía a carabineros de franco portar y hacer uso de su arma de servicio, sin éxito.
Se posterga el reavalúo fiscal
Más allá de este tipo de situaciones -que pasarán a formar parte del anecdotario de tramitaciones del reajuste-, finalmente se aprobaron temas que podrían tomar mucho más tiempo en la tramitación de un proyecto por sí solo, como la prórroga del reavalúo fiscal o la norma que establece que hasta el 31 de diciembre de este año se incorporan, de manera excepcional, dentro de la definición de Pequeño Productor Agrícola, los productores que superaron el límite de activos de 3.500 UF, como consecuencia del proceso de reavalúo de bienes agrícolas del año 2020 y 2024.
A otra de las medidas que se le dio luz verde en esta ley miscelánea, es a la que fortalece la protección eléctrica de las personas electrodependientes y amplía las obligaciones de las empresas distribuidoras; y también a las normas que adelantan los plazos para la designación del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales y precisa sus funciones en periodo de instalación.
Y después de mucho negociar en la Comisión del Senado, postura que luego fue refrendada por la Sala, se aprobaron los artículos que permiten a los gobiernos regionales invertir en determinadas empresas públicas. En cambio, no corrieron la misma suerte las normas que actualizan el giro de Correos de Chile, ni la que actualiza el Instituto de Previsión Social (IPS) para adecuarlo a la reforma de pensiones.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, no perdió su buen estado de ánimo y tendencia a ver el vaso medio lleno, pues tras la última votación manifestó que “estamos contentos, porque una parte muy sustantiva del proyecto de ley de reajuste se ha aprobado”, a lo que agregó que lo ocurrido permitirá que los trabajadores del sector “reciban el reajuste y todos los beneficios económicos asociados, que fueron aprobados por amplias mayorías”.
Aun cuando por tener normas de quorum el proyecto deberá pasar primero por la revisión del Tribunal Constitucional, el Gobierno debiera promulgarlo en los próximos días.
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