El diputado Daniel Melo (PS) está confiado en que los firmantes del requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar algunos artículos de la recientemente aprobada ley de permisos sectoriales están haciendo lo correcto y recuerda que su bancada advirtió al Gobierno en el primer trámite acerca de los déficits de la iniciativa en algunos aspectos, haciendo incluso una reserva de constitucionalidad. Por lo que lo ocurrido no debiera haber sorprendido al Ejecutivo.
Lo que sí es como para dejar atónito a cualquiera es que se sumaran con entusiasmo a esta rebelión legisladores del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).
“Lo nuestro es convicción de que el desarrollo del país tiene que tener un equilibrio entre el desarrollo económico, la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente”, enfatiza Melo en esta conversación con Diario Financiero, en que descarta que su iniciativa afecte al Gobierno. Ello, porque, entre otras cosas, está convencido de que “hay tanta certeza jurídica en nuestro país que la inversión extranjera directa es la más grande de los últimos diez años. Más de US$ 15 mil millones están en inversión en nuestro país en este periodo”.
-¿Qué los impulsó a presentar este requerimiento ante el TC?
-Nosotros estamos de acuerdo con que el Estado debe modernizarse en la entrega de los permisos sectoriales, las autorizaciones. Hay que agilizar los tiempos, terminar con la excesiva burocracia; pero estas decisiones no pueden llevarse a cabo poniendo en cuestión la calidad de vida de las personas, la salud de las personas y el cuidado debido al medio ambiente. A nuestro juicio, (el proyecto) transgrede estos derechos fundamentales que están en la Constitución y es por eso que acudimos al Tribunal Constitucional e hicimos esta reserva de constitucionalidad en la Cámara de Diputados.
-Entiendo que uno de los aspectos que les preocupa mucho es el de la declaración jurada. ¿Por qué? Se lo pregunto, porque ese es uno de los que más facilita la agilización de los trámites.
-Porque inhibe la acción que le cabe al Estado en materia de protección de la salud de las personas y del debido cuidado del medio ambiente. Se necesita del rol del Estado en materia de evaluación técnica sobre estas materias que son tan complejas. Cuando las técnicas habilitantes tienen una norma general y no sólo se va a aplicar sobre las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que se requiere, por un principio preventivo y de manera efectiva, que el Estado lleve adelante la evaluación técnica correspondiente. Y eso es un problema porque le dejo a un tercero, en este caso al titular del proyecto, que por una mera declaración jurada señale que está cumpliendo con determinadas normativas.
-De alguna manera, ¿esto es por desconfianza hacia los inversionistas, el empresariado?
- Mire, en plena crisis climática y con los problemas que hemos tenido en materia de contaminación ambiental y de afectación de la salud de las personas en determinados proyectos, es importante que el Estado no inhiba su rol protector de estos derechos constitucionales, aunque debe modernizarse. En ese sentido, tengo la impresión de que una cosa es pensar en la evaluación para proyectos de la pequeña y mediana empresa y una cosa muy distinta es para proyectos de gran envergadura, que van a impactar la salud de las personas y eventualmente también dañar el medio ambiente.
“Con este proyecto se busca desregular el sistema de evaluación y eso nos parece que es un total contrasentido”
-Pero los proyectos grandes son los que generan la inversión, reactivan la economía y el empleo.
-Una parte importante de los empleos en nuestro país está localizado en las pequeñas y medianas empresas. Más del 60%. Nosotros no estamos en contra de que los grandes proyectos también tengan agilidad en sus procesos de autorización y de permisos, pero deben cumplir con la normativa. Una cosa es modernizar el Estado y otra distinta es que con este proyecto se busca desregular el sistema de evaluación y eso nos parece que es un total contrasentido.
-¿En favor de los empresarios?
-Mire, no quiero poner las cosas en blanco o negro, porque yo tengo la impresión de que el país lo construimos todos y todas. Por cierto, el sector privado, el público y también las comunidades que tienen el legítimo derecho a participar y dar su opinión respecto a determinados proyectos. Con esta legislación que está planteando el Ejecutivo, eso se conculca y eso es un problema.
-Pero está que complementa al de Autorizaciones Sectoriales en materia mediombiental, ¿eso no es suficiente?
-Usted se refiere a la reforma al SEA… Bueno, cuando uno mira cómo ha avanzado la legislación en la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que uno puede observar es esta vocación por desregular el sistema de evaluación. Yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de la Ley de Permisos Sectoriales, por qué, si hay un problema en la capacidad de respuesta que ha tenido el Estado para determinados permisos, no se incorporan nuevos funcionarios públicos para colaborar a cumplir los plazos de manera efectiva.
-¿Agrandar el Estado?
-En esas materias. Si estamos hablando de evaluación, de que hay proyectos que van a afectar la salud de las personas, de proyectos sanitarios en el manejo de agua…
-¿Cuando está el debate acerca de achicar el Estado?
-Ese un debate ideológico que ha puesto la extrema derecha en nuestro país, poniendo un manto de duda sobre la acción del Estado, en estas materias. Pero no olvidemos que si existe judicialización en relación a proyectos como Dominga, que están corrompidos por malas prácticas, tráfico de influencias, no es precisamente por el rol de los funcionarios públicos, sino por la acción concreta de los titulares de esos proyectos.
-Por eso le preguntaba si sienten desconfianza del empresariado.
-Mire, cuando las grandes empresas -pienso en Anglo American- han tenido las multas más grandes en materia de daño ambiental; y cuando hay muchas otras que prefieren pagar las multas a cumplir con la normativa, con la actual legislación, creo que no estamos en condiciones de desregular el Sistema de Evaluación, sí de mejorarlo, modernizarlo. Nadie podría estar en contra. Pero eso no puede implicar desregular el Sistema de Evaluación Ambiental, ni menos la entrega de los permisos sectoriales.
“Tiene que haber certeza jurídica para invertir, pero también para resguardar derechos fundamentales que están en la Constitución”
-¿No le preocupa que esto contribuya a una desconfianza en el trabajo del Gobierno de parte del empresariado?
-Lo que pasa es que uno tiene que legislar para todo Chile, para todos los chilenos y chilenas…
-También para los empresarios.
-…Partiendo por aquellos sectores que históricamente han vivido los impactos de proyectos que afectan la vida de las personas en su salud, la contaminación ambiental, en los malos olores. Pienso en el caso de Freirina en su momento; de lo que ocurrió, por ejemplo, con la Celulosa Arauco en la Región de Valdivia o la destrucción masiva de glaciares que surten de agua a toda la cuenca del Valle de Atacama. Entonces, la verdad, es que estamos frente a un problema que el Estado tiene que evaluar en toda su dimensión y eso implica modernizar el sistema, pero sin desregular el sistema. No darle banda ancha para que el Estado deje de cumplir su rol.
-¿Esta presentación no tiene nada que ver con que es año electoral? Se lo pregunto porque el tema medioambiental es muy atractivo para algunos sectores.
-No, para nada, De hecho, nosotros al menos desde el comité socialista, en el primer trámite constitucional, hace ya más de un año, en conversaciones con el propio ministro, planteamos cada una de estas diferencias y también presentamos una cantidad importante de indicaciones al proyecto. Entonces, lo nuestro es convicción de que el desarrollo del país tiene que tener un equilibrio entre el desarrollo económico, la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Un país moderno tiene en consideración todas esas dimensiones y esto no es un ataque al gran empresariado ni al Gobierno, es sólo situar las decisiones en materia legislativa que permitan que el país avance de manera justa y responsable.
-¿No le preocupa que por ser oficialistas los que suscriben el documento redunde en desconfianza hacia el Gobierno de parte del empresariado por falta de certeza jurídica y disminuya la inversión?
-Hay tanta certeza jurídica en nuestro país que la inversión extranjera directa es la más grande de los últimos diez años. Más de US$ 15 mil millones están en inversión en nuestro país en este periodo. Por lo tanto, no creo que no exista no exista certeza jurídica, Al contrario. Entonces, tiene que haber certeza jurídica para invertir, pero también para resguardar derechos fundamentales que están en la Constitución: La salud de las personas y el cuidado del medio ambiente.
-¿Tiene confianza que el requerimiento va a ser acogido?
-Primero, el Tribunal Constitucional tiene que referirse a la presentación, darle admisibilidad. Y luego tiene que evaluar el fondo. Creo que tenemos buenos argumentos que sustentan nuestra presentación, no somos ningunos terroristas ecológicos, solo queremos poner la situación en una justa dimensión. Proteger la salud de las personas. Es muy importante proteger el medio ambiente y pensar en las futuras generaciones y que el desarrollo del país desde el punto de vista económico sea equilibrado con estas dimensiones.
-¿Esos son los elementos esenciales en que se basa el documento que presentaron?
-Por cierto.
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