Mientras el caso Democracia Viva crece en importancia y alcance, la UDI no sólo ha estado especialmente activa a nivel del partido, sino también en lo que respecta a la fiscalización parlamentaria, donde están evaluando los pasos a seguir en este ámbito. De hecho, ayer miércoles, el diputado Juan Antonio Coloma deslizó que el ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, podría enfrentar una acusación constitucional por la responsabilidad política que le cabe en lo sucedido.
Es por ello que un grupo de diputados gremialistas -Henry Leal, Marlene Pérez y Cristóbal Martínez-, emplazó al presidente Boric a “hacer valer las responsabilidades políticas” en el caso que involucra a Revolución Democrática (RD), exigiendo la “renuncia inmediata” de los ministros Carlos Montes y Giorgio Jackson, titular de Desarrollo Social. A ello, agregan que la petición de renuncia de la delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, y del seremi del Minvu de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, por “su complicidad” en el caso Democracia Viva.
Los parlamentarios gremialistas señalaron que, independiente de la arista penal que está llevando a cabo la Fiscalía - en la que la Bancada UDI se hizo parte por medio de una querella criminal-, “es indispensable que el presidente Gabriel Boric exija las responsabilidades políticas del caso”, advirtiendo que la reciente salida de la subsecretaria de Vivienda “es insuficiente”. Además, piden la salida de cualquier funcionario público que tenga algún tipo de vínculo o relación con las fundaciones cuestionadas