Por C. Betancourt / A. Chávez
Al rojo está la polémica por los reemplazos en el Consejo de Transparencia. Ello, luego que la Comisión de Constitución del Senado, citara recién para el 8 de noviembre a los dos postulantes propuestos por el gobierno -José María Eyzaguirre y Samuel Donoso- para que expongan sobre su designación, en circunstancias que el próximo 28 de octubre vence el plazo para que Consejo quede constituido con sus cuatro integrantes. Así y tal como adelantó DF, el organismo estará imposibilitado de funcionar dado que cuenta sólo con dos consejeros, lo que retrasará una serie de procesos vinculados a materias de transparencia y acceso de información de la administración del Estado.
Las críticas a la forma como fueron removidos de sus cargos tanto el actual presidente de la institución, Raúl Urrutia (RN), como el consejero Juan Pablo Olmedo (PPD), gatillaron un apoyo transversal del mundo político. De hecho, tanto en la Alianza como en la Concertación formularon sus reparos a las razones que habría detrás de la decisión del Ejecutivo.
No obstante, recién ayer integrantes de la Bancada Parlamentaria Pro-Transparencia manifestaron su “preocupación” por la situación generada en el proceso de nombramiento.
El senador Hernán Larraín (UDI) -quien leyó el texto- y los diputados Felipe Harboe (PPD), Jorge Burgos (DC) y Eugenio Tuma (PPD), acusaron que el proceder efectuado por el gobierno “se presta para interpretaciones equívocas que pueden dilatar el futuro rol del Consejo de Transparencia”.
Los parlamentarios reconocieron las facultades constitucionales del presidente Piñera de proponer los dos nombres, no obstante, recalcaron los “efectos futuros” que un reemplazo como el enviado por el gobierno “aparejaría para la transparencia y el acceso a la información pública”.
Con todo, aclararon que para el grupo “no constituye un elemento de reprobación las personas incluidas en la propuesta del gobierno”, en alusión a los nombres de Eyzaguirre y Donoso.
La redacción del texto dado a conocer a nombre de la bancada fue revisada hasta último minuto por los convocantes. Y es que trascendió que el documento no contaba con el apoyo de la totalidad de los 12 miembros del grupo, pues en un principio, se habría evaluado incorporar la figura del “rechazo” al reemplazo de los nombres planteados por el Ejecutivo, lo que tras la insistencia de los representantes de la Alianza, fue sustituido por la expresión de “preocupación”. Además, se insistió en el punto que era necesario consignar, que la propuesta de los nombres es potestad del mandatario por lo que la bancada no “reprueba” las cartas propuestas.
Clima desfavorable
El tema fue ampliamente analizado en el almuerzo de coordinación que sostienen todos los martes los senadores de la Concertación, donde cuestionaron el “procedimiento” del Ejecutivo al no hacer las consultas, previo a proponer los nombres.
Si bien en el bloque de oposición “no aunaron” un criterio respecto de cómo votarán la propuesta del gobierno, advirtieron que “no hay un clima favorable a los nominados por el gobierno”. Con todo, resolvieron darse un plazo para esperar el acuerdo que se adopte en las filas del PPD, respecto al apoyo que concita el nombre de Donoso, figura cercana al senador Girardi.
Gobierno confiado
En el gobierno, en tanto, sacan cuentas alegres, “confiados” que contarán con los 25 votos que se requieren para aprobar los nombres propuestos.
De hecho, ante la preocupación expresada por la bancada Pro-Transparencia, el ministro Cristián Larroulet precisó que desde el primer día el gobierno “ha expresado un compromiso total con la transparencia y la probidad en la gestión pública” y que de acuerdo al “normal funcionamiento de las instituciones y a la renovación natural de sus integrantes” se han propuesto “los nombres de dos distinguidos abogados, aplicando la alternancia, mecanismo que ha resultado de gran beneficio para prestigiadas instituciones y para el país”.
Por último, la declaración consigna que el gobierno “no sólo ha cumplido con los estándares de transparencia que se establecen en la normativa actual, sino que además, ha hecho aún más profundos los requerimientos en ese aspecto, haciendo aún más exigentes las normativas referidas a la transparencia en el aparato estatal”.
Los pasos de la nominación
Una vez que la Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado, encabezada por la senadora Soledad Alvear (DC), escuche a los dos profesionales propuestos por el gobierno, debe someter a votación la iniciativa, para luego enviarla a la Sala. Esta última, en tanto, debe convocar a una sesión ordinaria para discutir la iniciativa. Es en esta instancia donde el gobierno requiere de 25 votos, vale decir los dos tercios de la Sala para conseguir luz verde a los dos nombres sugeridos.
En el supuesto de ser ratificados, la propuesta debe pasar a la Contraloría General de la República para la toma razón correspondiente y donde el contralor, a su vez, debe chequear que los antecedentes de los postulantes no estén reñidos para el cargo. Tras ese procedimiento debe ser emitido un decreto toma razón y luego ser publicado en el Diario Oficial. Concluido este proceso, los dos profesionales estarán en condiciones de integrarse al Consejo para luego elegir -según los estatutos vigentes- al presidente de la instancia.
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