La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la gestión de recursos públicos por parte del Gobierno Regional de Tarapacá, tras realizar una investigación especial a proyectos financiados mediante transferencias a organizaciones de la sociedad civil. El hallazgo quedó plasmado en el Informe Final de Investigación Especial N° 510-2025, que revisó 66 iniciativas ejecutadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, con cargo al subtítulo 24 de Transferencias Corrientes.
El examen incluyó tanto la aprobación de los gastos por parte del GORE como las rendiciones de cuentas presentadas por las entidades privadas receptoras de los recursos. Uno de los principales resultados del informe apunta a la acreditación insuficiente de gastos por $ 58,4 millones. Según Contraloría, estos montos fueron aprobados y contabilizados por el GORE sin que existiera documentación que demostrara su correcta ejecución. Entre los respaldos ausentes se mencionan nóminas de asistentes, actas de entrega, fotografías y otros antecedentes que acreditaran la recepción conforme de bienes o servicios. Frente a esta situación, el organismo fiscalizador ordenó al GORE exigir la restitución íntegra de esos recursos y remitir los comprobantes contables del reintegro en un plazo de 60 días hábiles.
Proyectos sin rendiciones
La revisión también detectó falencias en un proyecto de alfabetización digital ejecutado en la comuna de Iquique. En específico, se constató la falta de respaldo en la entrega de 14 notebooks, parte de un total de 120 equipos contemplados en la iniciativa “Alfabetización digital y uso de comisaría virtual”. El valor asociado a estos equipos asciende a $ 7,7 millones. Si bien la entidad beneficiaria restituyó el monto durante la etapa de respuesta al preinforme, no explicó las razones por las cuales los equipos no fueron utilizados, pese a que las facturas habían sido previamente aprobadas por el GORE. Contraloría instruyó que este hecho sea incorporado al procedimiento disciplinario ya iniciado por la autoridad regional.
Otro punto relevante del informe se relaciona con la falta de rendiciones de cuenta. Contraloría identificó proyectos sin rendiciones asociadas por $ 87,4 millones, además de saldos de convenios vencidos pendientes de rendición por $ 69,6 millones. A ello se suman $ 96,4 millones correspondientes a rendiciones observadas por el propio GORE debido a la ausencia de respaldos suficientes. En estos casos, el organismo de control recordó que las rendiciones no presentadas o no aprobadas generan la obligación de restituir los recursos, por lo que ordenó exigir la devolución de los montos o en su defecto, iniciar las acciones judiciales correspondientes.
Conflictos de interés
El informe también advierte eventuales conflictos de interés en la ejecución de proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La fiscalización detectó coincidencias entre directivos de organizaciones beneficiarias y proveedores incluidos en las rendiciones de gastos de tres proyectos, por un total de $ 50 millones. Esta situación vulnera las restricciones establecidas en los manuales de concursos de vinculación con la comunidad del FNDR 8%, que prohíben contratar proveedores relacionados con miembros de las directivas. Como medida inmediata, Contraloría ordenó la restitución de $ 12,8 millones y solicitó ampliar la revisión a otras rendiciones no consideradas inicialmente, para determinar si existen casos similares.
A estos hallazgos se suma una observación vinculada a la documentación que respalda una factura por $ 14,2 millones, emitida en 2024 por el proveedor Inversiones SIA Ltda., asociada a servicios contratados por el Club Deportivo y Recreativo MOP Tarapacá en el marco del convenio “Vida activa: socios y socias en movimiento”. Según el informe, los antecedentes documentales no coinciden con los testimonios de cinco de los siete socios entrevistados del club, lo que podría configurar una eventual adulteración de un instrumento público o privado. En este contexto, Contraloría instruyó al GORE aclarar la situación con la organización privada y ejercer las acciones legales que correspondan, si se comprueba dicha irregularidad.
Procedimientos disciplinarios
Finalmente, la investigación puso el foco en las debilidades de fiscalización por parte del Gobierno Regional. De las 66 iniciativas revisadas, 32 no contaban con actas de fiscalización en terreno que acreditaran el cumplimiento de las actividades comprometidas en los convenios. Esta omisión, señala el informe, se aparta de los principios de eficiencia, eficacia y control que rigen a la administración del Estado. Por ello, Contraloría exigió al GORE la elaboración y envío de un plan de fiscalización formalizado, destinado a aplicarse en los próximos años, en un plazo máximo de 60 días hábiles.
En conjunto, el informe N° 510-2025 deja en evidencia falencias relevantes en el control del uso de recursos públicos transferidos a organizaciones privadas, y establece una serie de medidas correctivas que incluyen restituciones de fondos, procedimientos disciplinarios, eventuales acciones judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión por parte del Gobierno Regional de Tarapacá.
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
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