El jefe de la Bancada de Senadores PS, Jaime Gazmuri, uno de los autores de la Ley sobre Transparencia, calificó la normativa que entró en vigencia este lunes como "la reforma al Estado más importante que hemos hecho en los últimos años".
"A partir de hoy vamos a tener una de las leyes sobre transparencia más exigentes del mundo y eso ha sido producto del esfuerzo del Parlamento, ya que fue fruto de una moción del senador Hernán Larraín (UDI) y mía del año 2005, y del patrocinio del Gobierno de Michelle Bachelet, quien lo introdujo en la Agenda de Probidad", aseveró el parlamentario.
Explicó que con la nueva ley se cambió la concepción sobre la propiedad de la información, que tradicionalmente se entiende como propiedad de los organismos que la producen.
"A partir de hoy la propiedad de la información será de la ciudadanía lo que obliga al Estado a transparentar todos sus actos administrativos y todos los recursos que se poner a disposición de los organismos públicos para cumplir con sus funciones", sostuvo el concertacionista.
Detalló que La ley de Transparencia solicita que se publiquen en un sitio web los datos relacionados con la estructura orgánica de la entidad, su marco normativo, la planta del personal estable, a contrata y a honorarios y sus remuneraciones, todos los actos de contratación de servicios, consultorías, asesorías, etc, los actividades que se realicen con fondos públicos, información sobre los servicios y trámites que se pueden realizar en la institución, los mecanismos de participación ciudadana, entre otros.
Concretamente, esta reglamentación rige para los ministerios, las intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, Fuerzas Armadas, Carabineros, empresas y sociedades donde el Estado tenga más del 50% de las acciones, además de otros servicios públicos.
A juicio de Gazmuri la nueva ley constituye una de las principales reformas al Estado que se han realizado en el país en los últimos años, ya que se termina con la cultura del secreto donde todo se hace puertas adentro y donde excepcionalmente se han dado a conocer ciertas cosas.
El congresista recalcó la cultura del "secretismo" y el objetivo de la norma de transparentar las actuaciones de los actores públicos, lo que tiene relación con la calidad de la vida ciudadana, de la democracia, de la apelación a la responsabilidad de quienes administran los recursos públicos y desarrollan funciones públicas.
Finalmente, planteó que esta norma es un cambio cultural. "A mi juicio, la mayor dificultad no es ni presupuestaria ni tecnológica, sino que es cultural. La transformación fundamental es de los funcionarios, un cambio en la relación entre los organismos públicos y los ciudadanos", precisó.
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