Gobierno envía cambios a 7% pero mantiene incógnita de financiamiento

Por Claudia Betancourt



La presión ejercida por los partidos oficialistas -y también por la Concertación- con el objetivo de mejorar en forma significativa los proyectos de ley de la agenda social del gobierno, lo que genera una mayor inyección de recursos, es uno de los temas que ha marcado la agenda por estos días. En particular, el anuncio del presidente Sebastián Piñera, la semana pasada, sobre una serie de inidicaciones al proyecto de eliminación del 7% de salud para los jubilados.

En lo medular, el anuncio se tradujo en la ampliación de la cobertura a aquellos quintiles que no estaban considerados en el proyecto inicial. Es decir, a los adultos mayores que están en el Pilar Solidario, que tienen una pensión inferior a los $ 255 mil y pertenecen al 60% de los chilenos más vulnerables, lo que permitirá beneficiar a un millón de adultos mayores.




Nueva puesta en escena


Luego de las intensas negociaciones entre el Ejecutivo, Renovación Nacional y la UDI, que permitió consensuar un nuevo proyecto,y terminar con la denominada “letra chica”, como también criticaba el gremialismo, el gobierno evaluó sacarle el máximo “provecho comunicacional”, debido a su impacto. Y para su puesta en escena, no escatimó en detalles.

Ayer en una ceremonia en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el mandatario envió las indicaciones.

“Hemos hecho un esfuerzo inmenso, porque esto es difícil, requiere muchos recursos, US$ 216 millones (...) Ya se puso nervioso el ministro de Hacienda”, dijo en tono de broma.

No obstante, aún no existe claridad respecto de dónde el gobierno sacará los recursos para financiar esta ampliación del beneficio.

En el informe financiero del proyecto de ley que ya está en el Congreso, el gobierno estima que esta medida en 2011, tendrá un costo fiscal de US$ 4,8 millones, cifra que se va incrementando de acuerdo a cómo va aumentando la cobertura del beneficio.

Así, por ejemplo, en el año 2025 esta iniciativa significará para el Estado un costo acumulado de US$ 2.329,9 millones.