La construcción de una fórmula intermedia sería el resultado final que tendrá el proyecto de ley de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y que, según el acuerdo adoptado en la última sesión, se votaría hoy en comisión mixta.
Según el último borrador, que fue entregado por el gobierno a quienes discuten la iniciativa luego de la reunión técnica del 29 de diciembre, la propuesta del Ejecutivo mantiene la idea de que en las instituciones de 200 o más funcionarios o trabajadores a lo menos un 1% de la dotación anual considere personas con discapacidad.
Sin embargo, contempla un cambio relevante: se elimina la posibilidad de que el empleador pueda excusarse -por el período de 12 meses- de la obligación por la naturaleza de las funciones que se desarrollan al interior de la empresa o la falta de personas interesadas en las ofertas de trabajo que se hayan formulado. De esta forma, no se podrá evitar la obligación bajo “excusas”, sino que la salida ante la imposibilidad será acogerse a cumplimientos “alternativos”.
En el documento que contiene la propuesta que llevará el Ejecutivo a la comisión mixta se ofrece un sistema alternativo específico para el empleador. Se constata que las empresas que no puedan cumplir total o parcialmente podrán dar “cumplimiento en forma alternativa a esta obligación”, ejecutando ciertas medidas: celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad; y efectuar donaciones a asociaciones, fundaciones o corporaciones -sin fines de lucro- que no tengan ningún tipo de relación o interés directo o indirecto con el donante y cuyo objeto social incluya la formación, capacitación o inserción laboral de las personas con discapacidad.
En este último punto la oposición ya habría realizado una observación al equipo de asesores del gobierno para perfeccionar la idea antes de la votación del articulado en la mixta.
En la minuta se detalla que la ejecución de estas medidas “deberán ser equivalentes a la obligación de contratación que la empresa debía cumplir”. Asimismo, se agrega, “el monto de los contratos de prestación de servicios o de las donaciones, según corresponda, no podrán ser inferiores a sesenta ingresos mínimos mensuales en el año calendario”.
Se mantiene que el informe que deben realizar los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, a modo de evaluación de la implementación y aplicación de la reserva legal de contratación de personas con discapacidad, debe considerar el impacto de la iniciativa y formular una propuesta sobre su mantención o aumento. Pero, añade, que deberá analizar también las categorías de empresas afectas a esta obligación según tamaño, tipo de actividad productiva y ubicación geográfica.
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