Bajo la sombra de la tramitación del proyecto de reforma laboral, las movilizaciones que se desataron el año pasado en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y en el Registro Civil, se encendió un antiguo debate en torno a la necesidad de institucionalizar la negociación colectiva en el sector público.
La comisión de Trabajo del Senado, presidida por Juan Pablo Letelier, sería la primera instancia para reactivar la discusión, ya que sus integrantes acordaron que en marzo se podrían analizar mociones vinculadas a este tema.
La idea que consensuaron los senadores es que, tras el despacho del proyecto de ley de reforma laboral que debiera concretarse la primera quincena de marzo, se analicen las iniciativas presentes en la Cámara Alta sobre esta materia. Así, este tópico figuraría como una de las principales prioridades en la tabla de contenidos que contempla, además, el proyecto sobre contrato por obra y faena. “Hay voluntad de comenzar esa discusión”, asegura Letelier.
Dos son las ideas que estarían bajo la lupa de los parlamentarios. Una de ellas es una moción sobre negociación colectiva y derecho de huelga de los trabajadores del sector público que fue ingresada el 10 de marzo de 2014 por el senador Hernán Larraín junto a José García Ruminot, Jaime Orpis, Víctor Pérez Varela y Patricio Walker.
De la norma se desprende que la restricción a la negociación colectiva del sector público debe ser rectificada fortaleciendo el respeto de los derechos fundamentales en la Constitución Política y dando cumplimiento a los estándares normativos del Convenio Internacional número 151 de la OIT.
Una segunda propuesta fue ingresada a trámite el 3 de junio de 2015 por la senadora Carolina Goic. En el texto se declara que el 10 de julio de 2007 se impulsó una moción en la Cámara de Diputados, iniciándose un proyecto de reforma constitucional en materia de negociación colectiva. Pero, a solicitud de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el 9 de junio de 2010 la iniciativa fue archivada sin haber sido objeto de tramitación.
Así, con nuevos ajustes, se plantea al Senado que, en lo relativo a la negociación colectiva, se consagra como un derecho de los trabajadores, sin limitarlo a determinada modalidad o nivel y se entrega a la ley precisar sus modalidades.
Acto seguido, respecto de los funcionarios públicos, se declara que atendiendo a sus particulares condiciones normativas y en conformidad a los convenios de la OIT, se sostiene que la ley establecerá procedimientos especiales de negociación u otros métodos para la determinación de las condiciones de empleo, que consideren la participación de sus organizaciones representativas. Asimismo, se reconoce el derecho a ejercer la huelga, perfeccionándose una de las normas que lo reconocía sólo implícitamente.
La propuesta de Andrade
Desde que la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco, anunciara que se comenzaría a trabajar en un proyecto sobre esta materia -y luego este compromiso se ratificara en el protocolo de acuerdo con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef)-, el debate se dio por instalado.
De hecho, el diputado Osvaldo Andrade presentó en octubre una moción de reforma constitucional para establecer el derecho de que los trabajadores del sector puedan negociar colectivamente. El texto apunta a regular el derecho a huelga tanto de los trabajadores del Estado como de las municipalidades.
Gobierno avanza en acuerdo para aprobación de reforma laboral
El gobierno sigue intentanto acercar posturas al interior de la Nueva Mayoría en materia de indicaciones al proyecto de reforma laboral. El Ejecutivo habría resuelto "ceder" en el reemplazo en la huelga, pero no en extensión "universal" de beneficios. Según un presidente de partido del oficialismo, que es parte de la negociación, los ministerios de Hacienda y Trabajo buscan el consenso "con una indicación ya redactada", que se acercaría mucho a las "adecuaciones necesarias" que rechazó la comisión de Trabajo del Senado. La misma fuente afirma que esta enmienda -en caso de no sufrir alteraciones- puede lograr el respaldo del grupo de 5 senadores DC "descolgados" con la reforma y que impidieron lograr un acuerdo durante enero.
Eso sí, puntualizó el dirigente, el gobierno mantendría su intención de no modificar la extensión de beneficios, lo que sería "la piedra de tope" para lograr un acuerdo, negociación que se reactivará a fines de este mes. Algunas luces entregó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sobre esta nueva redacción. "Lo que queremos es que si una empresa está en huelga, esa empresa no pueda contratar trabajadores externos para reemplazar. Algo menos evidente es qué hace la empresa con los trabajadores que no están en huelga, cuando una parte de los empleados sí está en huelga. Si el 20% de los trabajadores va a huelga, qué pasa con el otro 80%, si ellos dependen del 20% para poder trabajar. ¿No se puede hacer nada?", cuestionó Valdés.
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