Por Francisca Miranda
A cuatro días de haberse conocido el fallo de la Corte de La Haya la forma de implementación que tendrá el veredicto se ha transformado en el gran tema a discutir en ambos países.
El miércoles en un encuentro que se caracterizó por la cordialidad, los mandatarios Sebastián Piñera y Ollanta Humala, se comprometieron a sacar adelante el dictamen de la forma más ágil posible.
En ese sentido, algunas de las modificaciones legales tendrán que ser visadas por las autoridades del Poder Ejecutivo y otras tendrán que pasar por Contraloría para su visto bueno.
Al respecto, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, explicó ayer que los efectos del fallo que pasarán por Contraloría dependerán mucho de cuál sea la decisión de los gobiernos.
“Hay decisiones administrativas que supondrán quizás algún tipo de cambio normativo que tendrán que venir a la Contraloría General. Incluso decisiones en materias legislativas que como leyes afectarán la toma de razón”, explica Mendoza.
En cuanto a la participación que tendrá la entidad fiscalizadora en este tema, Mendoza asegura que será la misma intervención y control respecto a todas las otras situaciones jurídicas que tiene esa repartición.
Asimismo, explica que “algunas cosas van a venir, otras cosas seguramente no necesitarán llegar, pero todo lo que es modificación reglamentaria, normativa, deberá pasar sí o sí por las manos de Contraloría”.
Sin embargo, Mendoza recalca que hay aspectos normativos, legales e incluso constitucionales que, para su ejecución, deben ser abordadas en Perú y no necesariamente en Chile.
Respecto a si se necesitará crear un equipo especial para este caso, el contralor dijo que no será necesario, ya que los temas que llegarán a la repartición no tienen una relevancia mayor a otras decisiones jurídicas que se analizan de manera ordinaria.
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