Ad portas que en la sala del Senado se vote, en general, el proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a instituciones educacionales que persigan fines de lucro, y que fue impulsado con el apoyo de 23 parlamentarios, al interior de la Concertación la iniciativa abrió un nuevo flanco de conflicto.
Ello luego que los senadores Jaime Quintana (PPD) e Ignacio Walker (DC) resolvieran rechazar en la comisión de Educación una reforma constitucional que reconocía la prohibición de lucrar con fondos públicos. A lo anterior se suma la indicación presentada por siete parlamentarios, entre ellos además Quintana y Walker, Juan Pablo Letelier (PS), Andrés Zaldívar (DC), los independientes Carlos Cantero y Carlos Bianchi, y la RN Lily Pérez, que más bien regula la existencia del lucro, definiendo el modo en que se deberían gastar los dineros de la subvención educacional, terminando con discrecionalidades, lo vendría a poner en duda que la iniciativa cuente con los votos suficientes para ser aprobado.
Al respecto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), anticipó que si bien la indicación “no buscaría tirar para abajo el proyecto”, sino que definir “cómo implementa el objetivo que es que no se lucre con fondos públicos y desde ese punto de vista puede ser compatible”, otra cosa es la reforma constitucional, porque “queremos que quede reconocido a nivel constitucional”.
La respuesta del senador Walker no se hizo esperar y junto con recordar que la tienda es partidaria de una reforma legal para que el 100% de los fondos públicos que vayan al alumno y no al sostenedor, aclaró que el tema se debe abordar con una norma legal, pero no constitucionalmente, porque no estarían los votos.
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