Las cifras presentadas no son alentadoras. La perspectiva es de una población que alcanzaría su peak en 2035, con 20.643.490 de personas, para después iniciar su declive y tocar los 17 millones en 2070, en conjunto a que su composición tenderá a un mayor envejecimiento y con menos nacimientos. Esto preocupa a expertos en un marco de bajo crecimiento de tendencia (en torno al 2%) y de estrechas finanzas públicas.
Además, según analistas, las proyecciones ponen en entredicho la sostenibilidad de políticas públicas, como en el caso de las pensiones y la salud (ver notas relacionadas).
El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, indica que desde un crecimiento tendencia de 1,8% calculado por el Banco Central para el período 2025-2034, el impacto del cambio demográfico sería marginal.Explica que la tasa de crecimiento promedio de la población previa a la actualización del INE indicaba un alza anual promedio de 0,46%, mientras que en la nueva serie para 2025 a 2035 el incremento sería de 0,33%, una caída de 0,13 punto porcentual (pp).
“Esta caída, considerando constantes las otras variables que determinan la evolución del factor trabajo y dada la participación del trabajo en la función de producción, tendría una incidencia marginal a la baja en el PIB tendencial, a lo sumo de 0,1 pp. en promedio”, afirma Ortiz.
“La disminución de las personas en edad de trabajar reduce la capacidad productiva del país, lo que hace más complejo el panorama y configura un escenario de presiones a las finanzas públicas”, explica Weber.
No obstante, el economista jefe para Latam de Itaú, Andrés Pérez, indica que el crecimiento potencial se descompone de la productividad y los factores capital y trabajo.
“En simple, un menor ritmo de crecimiento poblacional disminuiría la contribución del factor trabajo al crecimiento, en el tiempo”, explica.
Por esto, reafirma la importancia de implementar medidas que fortalezcan la productividad, capital físico, y capital humano, como mayor inversión en educación temprana, incorporación de las mujeres y otros grupos -los jóvenes- en la fuerza del trabajo, y flexibilidad en el mercado del trabajo.El decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber, expone que el envejecimiento de la población afecta negativamente el crecimiento potencial por una reducción de la fuerza laboral.
“La disminución de las personas en edad de trabajar reduce la capacidad productiva del país, lo que hace más complejo el panorama y configura un escenario de presiones a las finanzas públicas, tanto por el lado del gasto, como por el lado de los ingresos”, explica.
Presión fiscal por envejecimiento
De acuerdo a las proyecciones del INE, para junio de este año 3.034.428 de chilenos estarían en el grupo etario de entre 65 años y más, una cifra que seguirá acrecentándose hasta llegar a los 7.235.222 personas en 2070, año en el cual la población total bajará a cerca de 17 millones.
Una realidad que además se suma a la baja en nacimientos, desde los 135.527 que se esperan para 2026, a 68.610 en los próximos 44 años.
Un panorama que requiere un nuevo diseño de la política fiscal, indica la economista senior de Libertad y Desarrollo, Macarena García. A su juicio, los gastos deberán transitar desde educación hacia pensiones, salud y cuidados de adultos mayores, tareas que vuelven más fundamental la eficiencia del gasto público para liberar recursos.
“Finalmente, tener cuidado de que no se afecta el gasto en capital del Estado, con el objeto de redestinarlo a gasto corriente porque, aunque pueda ser una solución de corto plazo, hipoteca el crecimiento de largo plazo afectando el crecimiento y la capacidad recaudatoria del mismo Estado”, dice.
En el caso de los ingresos, debido al cambio estructural en la relación de población activa entre 15 y 65 años, García apunta a que será necesario ampliar la base de quienes pueden aportar al Estado vía impuestos: “En ese futuro ya no tan lejano, es impensable que solo el 20% de la población aporte al Global Complementario”, afirma.
Weber, en tanto, considera que el envejecimiento demográfico constituye la presión más significativa para las próximas décadas, con impacto sustantivo en el sistema de salud, pensiones y cuidados.
Ejemplifica con que en las últimas dos décadas, cerca del 75% del crecimiento del gasto público equivale a gasto social y apunta al recientemente publicado informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que proyecta que Salud podría representar cerca del 40% del gasto del Gobierno Central en 2050, pasando de una participación del 5,6% del PIB en 2024 a alrededor del 12% en 25 años.
El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, pone énfasis en que las políticas públicas -como la reforma de pensiones, PGU y salud- se realizaron con estimaciones del Censo anterior: “Todo eso, a mi juicio, hay que recalcularlo con los nuevos datos que el INE entrega y, por lo tanto, es evidente que va a haber una mayor presión fiscal y hay que volver a evaluar la sostenibilidad de las políticas y creo que hay que hacer los estudios del caso”, dice.
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