La eficiencia en el sector público está en el centro de la discusión, en momentos en que el Senado tramita el reajuste salarial de los funcionarios estatales -incluidas las denominadas normas de “amarre”- y ad portas de que asuma un nuevo Gobierno con una promesa de recortar US$ 6.000 millones de gasto público en 18 meses.
Con este telón de fondo, uno de los tópicos que surge periódicamente en la discusión es la manera en que los funcionarios del Estado definen sus objetivos y metas estratégicas para cada año y cómo estas se evalúan, lo que en determinados casos resulta en un alto cumplimiento, con metas poco ambiciosas y bonificaciones monetarias.
Con esto en mente, la Dirección de Presupuestos (Dipres) realizó un cambio metodológico clave bajo la premisa de subir la exigencia a los organismos del Estado a la hora de realizar su planificación estratégica anual, en la cual en el marco de la Ley de Presupuestos definen metas e indicadores de desempeño.
Un estudio elaborado por la repartición, titulado “Prioridades y avances en los objetivos estratégicos de instituciones del Gobierno Central”, aterriza dicho cambio, que parte con un diagnóstico claro: si bien los instrumentos de planificación estratégica tienen un “alto potencial” para orientar la gestión de los organismos públicos, el marco bajo el cual definen y miden sus objetivos “motivaba a comprometer metas poco exigentes, las cuales obtenían altos niveles de logro formal (incluso sobrecumplimiento), sin que ellos se tradujese necesariamente en mejoras sustanciales en la gestión y visibles para la ciudadanía”.
Foto: Julio Castro
De esta manera, la Dipres diseñó e implementó un nuevo marco metodológico para que los servicios y organismos del Estado definan anualmente sus objetivos, con lo que se busca “fortalecer” la rendición de cuentas en las entidades.
Vigente desde el 2023 con la formulación de la Ley de Presupuestos de ese año, uno de los cambios más relevantes fue separar los indicadores de planificación estratégica de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que son los mecanismos de incentivos monetarios por cumplimientos de metas.
La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, explica a Diario Financiero que si bien en el modelo vigente hasta 2022 los indicadores, sus metas y nivel de cumplimiento asociados a la planificación estratégica tributaba a los incentivos monetarios, en base a evaluaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo del Banco Mundial, se concluyó que “las metas no eran exigentes”, y que alcanzar altos niveles de cumplimiento “no necesariamente reflejaba mejoras en la gestión de las instituciones públicas”.
“Hasta antes de la pandemia los niveles de logro promedio para todos los servicios públicos fluctuaron entre 94%y 98%. Para 2022, último año con el modelo anterior, más del 70% de los 777 indicadores evaluados mostraron un nivel de cumplimiento de sus metas de 100% o más. Todo lo anterior sugería desvincular los indicadores de los incentivos monetarios, por las consecuencias no deseadas que implicaba la definición de metas autocumplidas”, complementa la ingeniera.
Javiera Martínez, directora de Presupuestos: “En virtud de evaluaciones nacionales e internacionales, se concluyó que las metas no eran exigentes, y que alcanzar altos niveles de cumplimiento no necesariamente reflejaba mejoras en la gestión de las instituciones públicas”.
Resolver problemas públicos
Otro ajuste metodológico implica poner mayor énfasis en que los objetivos se enfoquen en los problemas de la ciudadanía y no en aquellos propios de la gestión interna de su organización.
Ello se traduce, dice Martínez, en evaluar y medir los resultados de sus políticas y programas según su efecto en resolver los problemas públicos identificados en la ciudadanía, más allá de solo medir el gasto público y la provisión de bienes y servicios.
“El modelo anterior ponía mayor énfasis en cumplimiento de metas internas del servicio, sin vinculación a resultados finales de cara a la ciudadanía. El modelo actual vincula los indicadores de desempeño a objetivos estratégicos de las instituciones y mide avances efectivos en los resultados de dichos indicadores en vez del cumplimiento de metas”, agrega la autoridad.
Entre 2023 y 2024, un 46% de los indicadores evaluados mostró una mejora, mientras que un 23% mantuvo su desempeño y un 30% lo redujo.
Resultados
Así, ya con los ajustes en marcha, el estudio de la Dipres dio como resultado que entre 2023 y 2024 un 46% de los indicadores evaluados mostró una mejora, mientras que un 23% mantuvo su desempeño y un 30% lo redujo. “Los resultados presentados para el año 2024 deben interpretarse como una línea base, más que como un reflejo exhaustivo del estado de la gestión institucional”, enfatizó el reporte.
La titular de la Dipres explica que el trasfondo del cambio metodológico es consolidar la responsabilidad con el uso de los recursos públicos.
“Los cambios metodológicos que hemos incorporado durante nuestra gestión reposicionan la planificación estratégica como una herramienta relevante para la gestión del Estado, y en particular para la formulación del Presupuesto. Estamos sumando otra herramienta que contribuye con evidencia a la administración pública y a mejorar la calidad del gasto público”, complementa.
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