El ministro Marcel señaló que a mediados de abril se darán a conocer las medidas correctivas tras el incumplimiento de la meta fiscal en 2024.
Una extensa presentación referida a temas fiscales realizó esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco del seminario "La ruta para el crecimiento", organizado por el Banco de Chile y Banchile Inversiones, en el que compartió el escenario con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña.
La ponencia del secretario de Estado se da en momentos en que se ha cuestionado el manejo de las finanzas públicas, con una meta de déficit que se incumplió en 2024 y en momentos en que su cartera prepara un nuevo ajuste del gasto público que se dará a conocer a mediados de abril, que se suma a los más de US$ 600 millones que se recortaron en enero.
La autoridad partió su presentación señalando que hay cinco "afirmaciones erradas" que se han esparcido en el debate público respecto a la situación fiscal del país: que el Gobierno ha incumplido todas sus metas fiscales; que el Ministerio de Hacienda ha cometido errores sistemáticos en las proyecciones de ingresos; que el gasto público está disparado y la principal razón es el aumento de personal; que la deuda pública ha crecido como nunca; y que se ha dilapidado la reputación fiscal de Chile.
“Mientras el voluntarismo conduce a una agudización de las tensiones, la motosierra pone en peligro el pacto social que subyace a la estabilidad y voluntad de progreso del país”, dijo.
Con apoyo de un Power Point, el secretario de Estado abordó la primera afirmación, señalando que el 2024 fue el primer año de la actual administración donde hubo un desvío de sus metas, luego de cumplir o sobrecumplir las expectativas en 2022 y 2023, con un "histórico" ajuste del gasto en 2022, dijo Marcel.
"El Gobierno cumplió a cabalidad sus metas en 2022 y 2023. De hecho, el primer año tuvo un superávit estructural histórico, que excedió en más de 3,5 puntos del PIB la proyección vigente", argumentó.
En cuanto a la afirmación sobre los errores de estimaciones de ingresos fiscales, el ministro enfatizó que la era postCovid ha sido "desafiante" para muchos países en la conducción de la política fiscal, por ejemplo respecto a retomar un gasto de salud similar a la etapa previa a la emergencia sanitaria, además de producirse brechas en recaudación tributaria que podría responder a fenómenos estructurales.
Ahora, para el 2024, enfatizó que las brechas en ingresos proyectados se concentraron en solo dos ítems: recaudación por rentas del litio y Operación Renta, que no alcanzaron a ser compensados con alzas en otros ítems, como el IVA.
Adicionalmente, el ministro informó que a mediados de abril se presentarán las medidas correctivas para hacer frente al incumplimiento de la meta en 2024 para que no vuelva a repetirse este año. Esto ocurrirá en el marco del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre.
En cuando al gasto público "disparado", Marcel matizó que como porcentaje del PIB, el gasto se ubica en niveles similares a la etapa previa a la pandemia, en 24,7% del Producto. Mientras que respecto del alza de los funcionarios públicos, argumentó que se ha centrado en los servicios de salud y en Educación por los traspasos de personal desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
De hecho, dijo que al limpiar el efecto de ambos factores, el aumento del empleo público neto es menor al 3% en tres años.
En cuanto a la deuda pública, recalcó que si bien ha aumentado como proporción del PIB hasta niveles por sobre el 42%, el ritmo de crecimiento ha sido menor que en gobiernos anteriores, lo que ha permitido ahorrar US$ 20.000 millones respecto a la tendencia de años previos, equivalente a 6% del Producto, lo que a su vez redunda en cerca de US$ 1.500 millones en menores gastos por intereses de esa deuda.
Finalmente, en cuanto a la pérdida de reputación fiscal de Chile, matizó que indicadores de riesgo país, como el índice EMBI de JP Morgan y los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años, se han reducido en 2025 respecto al año previo.
No a la motosierra
En su presentación, Marcel pasó a la ofensiva y aludió a cinco "espejismos" que se han considerado como alternativas en el debate público para ajustar las finanzas públicas: congelar el empleo público; reducir los gastos en directivos y personal de confianza; recortar gastos de operación; recortar viáticos y horas extraordinarias; y cancelar programas mal evaluados.
El ministro de Hacienda se hizo cargo de los cinco temas, partiendo por la situación del empleo en el Estado, argumentando que si excluyen Salud, Educación, Seguridad y Justicia, los resultados en términos de ahorro serían "exiguos", ya que habría ahorros solo por US$ 205 millones por incentivos al retiro a personas que jubilan del sector público. Esto, tomando como base el uso de incentivos al retiro, la obligación de jubilarse a los mayores de 75 años y que se reemplaza una persona por cada tres que se retiran.
En cuanto a los directivos y personal de confianza, Marcel calculó que solo representan un 0,6% del empleo total en el Gobierno Central, lo que en términos de gasto representa cerca de US$ 100 millones. ¿Y los gastos en operación? Si se excluye el Ministerio de Salud, los desembolsos en la compra de bienes y servicios se han restringido "fuertemente" en los últimos años y se mantienen en niveles similares al 2019.
"El espacio para ajustes adicionales es limitado, dado el peso del sector de la Salud, que incluye la compra de servicios externos", dijo el ministro.
Sobre los viáticos y horas extraordinarias, señaló que el escenario es similar, ubicándose hoy en niveles incluso menores a 2018.
Ahora, respecto a cancelar programas mal evaluados, Marcel argumentó que el 90% del gasto público es rígido y mandatado por una ley, por lor que si bien hay espacios de mejora en diseño, implementación y medición de resultados, "es poco razonable -sin reformas legales- hacer cambios que muevan la aguja presupuestaria". De hecho, dijo que la oferta programática que no es rígida asciende a un 4,3% del erario, cerca de US$ 3.000 millones, como becas Junaeb, Liceos Bicentenarios y seguridad municipal, entre otros.
Despejado el tema, el titular de las finanzas públicas cerró con una interpelación a la clase política: "La respuesta a las tensiones fiscales no puede ser el voluntarismo ni la motosierra. Mientras el primero conduce a una agudización de las tensiones, la segunda pone en peligro el pacto social que subyace a la estabilidad y voluntad de progreso del país".
De hecho, señaló que las cinco propuestas que se han mencionado en el debate público (o "espejismos", como calificó) permiten al Fisco ahorrar US$ 316 millones, lo que significa el 0,09% del PIB; mientras que cinco medidas que pone Hacienda sobre la mesa -como revisión periódica del gasto, la reducción del gasto en licencias médicas en el Estado, el cambio del sistema de financiamiento para la educación superior, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y aumentar las fiscalizaciones en temas sociales- permitiría al Estado ahorrar US$ 1.540 millones en el largo plazo, un 0,5% del PIB.
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