En el Gobierno trabajan a toda máquina en una de las prioridades en la nueva etapa de apertura tras la mejoría de los indicadores sanitarios: la recuperación de los dos millones de empleos que se perdieron en el momento más crítico de la primera ola del coronavirus.
Esto, luego de una primera fase en la que el Ejecutivo ha echado mano a la billetera fiscal, con un gasto que creció más de 50% en el mes de mayo y que se expandirá más de 27% el año en su conjunto, de la mano de aportes como el Bono Clase Media y el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) extendido.
Dicho esto, en La Moneda y los ministerios de Hacienda, Trabajo y Economía están apurando las gestiones para presentar en los próximos días un agresivo plan de subsidios a la contratación de trabajadores, una suerte de "política de shock" con la cual se busca aprovechar la reapertura para incentivar la recuperación del mercado laboral.
Altas fuentes del Ejecutivo señalan que el nuevo plan tendría dos ejes: traer de vuelta al mercado laboral a quienes perdieron su puesto durante la pandemia y que han percibido algunas de las ayudas sociales; y a su vez acelerar la recuperación del empleo asalariado, por sobre el informal, que ha liderado la creación de plazas en lo más reciente.
El tema ha sido abordado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en reuniones con sus titulares de Hacienda, Rodrigo Cerda; del Trabajo, Patricio Melero; y de Economía, Lucas Palacios. En las tratativas también participa la directora de Presupuestos (Dipres), Cristina Torres, para cuantificar el espacio de gasto necesario.
Las mismas fuentes narran que la idea es mejorar los programas ya presentados en materia de subsidios, como las líneas "contrata" (para nuevas incorporaciones), "regresa" (para trabajadores suspendidos) y "protege" (para madres y padres de niños o niñas menores de dos años), engrosando las transferencias directas a los beneficiarios, no así a los empleadores.
Ayer, Piñera sostuvo conversaciones con el equipo económico en Palacio para apurar la presentación de las nuevas propuestas, la que se espera para los próximos días. Un insumo clave para el contenido final será el informe de la comisión de diez expertos convocada por el Ejecutivo a inicios de julio y que entregará su reporte definitivo en agosto.
Avanza el Presupuesto
En paralelo, el Ejecutivo continúa en el diseño de la Ley de Presupuestos 2022, la última que le tocará tramitar ante el Parlamento y cuyos dineros serán ejecutados por la próxima administración.
Fuentes del gobierno señalan que Piñera ha avanzado en algunas definiciones en conversaciones con Cerda y Torres, como que el gasto deberá ser sustancialmente menor a los US$ 100.000 millones contemplados para este año y que los fondos de libre disposición con los que contará la próxima autoridad deben ser mayores que en los últimos cambios de mando.
Todo esto de cara al ingreso del texto al Congreso a más tardar el 30 de septiembre próximo, que el plazo legal respectivo.
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