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Publicado: Lunes 8 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
La modernidad siempre se ha simbolizado en la idea de la velocidad. El tren fue hasta hace poco el fetiche por excelencia de esta idea. Hoy día lo moderno ya no se presenta tanto como lo más veloz, sino como lo instantáneo.
Tanto es así que la última promesa de modernidad es Internet, con sus electrones de información moviéndose casi a la velocidad de la luz. La red se consagró como la panacea que integrará el mundo y que permitirá a los lejanos estar cercanos, a los excluidos, incluidos y a los marginales, integrados.
Las buenas intenciones de esta nueva era, sin embargo, deben contrastarse con los hechos. ¿Y qué nos dicen éstos?
Que de las 350 comunas del país, solamente 9, tienen la capacidad de participar plenamente en Internet. Al revés, 263 comunas tienen hogares que se caracterizan por no tener ni computador, ni acceso a conexión e, incluso menos, siquiera, un usuario de Internet dentro de sus casas. Luego, la gran mayoría de las comunas de Chile está excluida de la red.
A pesar de esto, el Estado le exige a todos los municipios por igual que cumplan con una serie de metas y buenas prácticas electrónicas, como si todos sus habitantes fueran como los de esas 9 comunas conectadas. Después las fiscaliza de acuerdo a su desempeño en las páginas web para finalmente ordenarlas -a las municipalidades- en enojosos rankings según cumplimiento, para felicitar entonces a los primeros y estigmatizar a los últimos.
Quizás lo peor de todo esto es la estética de esta exigencia del Estado.
Porque la plantea como “desafíos”, pero en realidad solamente es “control”. Y entonces aparecen vestidos desde un “centralismo de rostro humano” y de una “tecnocracia buena onda” que obedece más bien a las políticas públicas de un país imaginado que a lo que las personas de carne y hueso quieren y requieren. En definitiva, ¿a quién debe rendir cuentas el municipio? ¿Al Estado o a sus ciudadanos? ¿A quién van dirigidas las políticas públicas? ¿A incluir a los ya incluidos tecnológicamente o a cerrar las brechas políticas, económicas y tecnológicas con respecto a los excluidos de siempre?.
El secretario ejecutivo de la comisión que convocará el gobierno será el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, José Ignacio Llodrá.
“Fue invitado a una institución que aparentaba funcionar, que era auditada, regulada y que ocultó información que habría permitido (a Clark) tener otra conducta”, dijo su abogado.
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