Un mayoritario respaldo generó la consulta de mayo del Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Un 81% de los expertos se manifestó partidario de que “en situación de ocupación ilegal de propiedad privada debiera aumentarse las penas y hacerse expedita la acción de desalojo”.
La medición -realizada en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero- reflejó la visión de 26 profesionales que integran el grupo compuesto por economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas.
“Hay una percepción común de que es un tema de primer orden que hay que enfrentar de un modo más decidido de lo que se está haciendo ahora”, señala el profesor de la Escuela de gobierno de la UC, Diego Gil, por lo cual -añade- no le sorprende el resultado.
A su juicio, constata una preocupación transversal respecto a una problemática que tiene distintas realidades según las zonas geográficas del país.
Menciona la zona de La Araucanía, donde advierte que “hay mucha ocupación de terrenos privados, de terrenos donde se generan campamentos, de los loteos brujos e, incluso, en ciudades hay casos de ocupaciones ilegales de propiedades que después se arriendan informalmente a personas en precariedad socioeconómica”.
El académico también destaca el alto consenso a favor de adoptar alguna acción en términos género y entre mayores y menores. Pero, al mismo tiempo, repara en la diferencia -que considera importante- a la hora de considerar la sensibilidad política, pues hay más apoyo a la afirmación del mes entre las personas identificadas con la centroderecha que entre aquellas de centro izquierda. “Eso tampoco es tan extraño, porque en general -por distintas razones-, la agenda política de centroderecha ha puesto más en el centro estos temas”, afirma.
Como uno de los factores que origina las tomas ilegales, Gil menciona “la percepción de que hay impunidad” y que “claramente hay una respuesta insatisfactoria del Estado” frente a estas ocupaciones ilegales de propiedad privada.
Alejandro Ferreiro, Espacio Público y pdte. junta directiva U. de Talca.
“Más importante que un aumento de penas, es la expedición del desalojo y la posibilidad de detener a los responsables (...) La falla actual reside en la alta expectativa de impunidad de los usurpadores”.
Valentina Quiroga, Fundación Horizonte Ciudadano.
“De acuerdo con aumentar las penas a la ocupación ilegal. Sin embargo, es importante reforzar los canales institucionales para el desalojo y evitar al máximo la autodefensa”.
Paulina Saball, Exministra minvu y delegada para la reconstrucción.
“Más importante que las penas, me parece que es el desalojo. El desalojo debiera ocurrir antes que se consolide la ocupación y con respeto a los derechos de las personas”.
Andrea Bentancor, profesora asistente de la FEN de la Universidad de Talca.
“No sé si el “hacerse expedita la acción de desalojo” requiere de mayores penas. La acción de desalojo, en cualquier caso, debiera ser efectiva, en eso estoy de acuerdo”.
Claudio Sapelli, profesor del Instituto de Economía de la UC.
“Más de acuerdo con que el desalojo sea expedito que con el aumento de penas”.
Distintas realidades
La consulta del Panel UC se hace eco de un tema que también se está abordando en el Congreso, donde se discute una norma que sanciona con más penas las usurpaciones y establece una “flagrancia extendida” de manera de facilitar los desalojos.
“El proyecto, al parecer, quiere ocupar un mismo instrumento para realidades que son bien heterogéneas y eso puede ser peligroso”, opina Gil.
Lo anterior, según el académico, debido a que por un lado está el caso de los loteos brujos o el de ocupaciones reivindicatorias violentas en La Araucanía -“que son una realidad que ha motivado estos proyectos de ley”-; pero, por otra parte, hay otras realidades que son, por ejemplo, los campamentos, “que son personas que viven en precariedad económica y no encuentran una solución habitacional y que se ven obligados a ocupar un terreno de modo ilegal”, afirma.
Por eso, expresa, “hay una gran preocupación de que esta legislación no solo ataque el problema original, sino que pueda criminalizar una situación de precariedad económica”.
En Chile, plantea que el problema de acceso a la vivienda es importante, las estimaciones hablan de que se requieren construir más de 650 mil unidades. “Esas son las familias que hoy no tienen acceso a la vivienda”, advierte y añade que diversos estudios indican que las personas que terminan en campamentos no tienen dinero para arrendar una propiedad. Esto es distinto de lo que ocurre en La Araucanía o de aquellas para segunda vivienda.
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