Un categórico respaldo entregó el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica al planteamiento de que “los terrenos que han sido tomados ilegalmente en la última década debieran ser desalojados, incluso si hay familias que han desarrollado su vida ahí”.
Casi un 80% de la medición, realizada en alianza con Diario Financiero y Radio Pauta, se mostró de acuerdo con la afirmación puesta en la mesa en esta ocasión.
Los resultados se basaron en la opinión de 27 respuestas de profesionales, entre economistas y no economistas, de distintas sensibilidades políticas, que reúne el panel.
Al comentar los números que arrojó la consulta, el profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, Diego Gil, hace varias precisaciones.
La primera, que esas ocupaciones ilegales han ido aumentando en el país durante los últimos 20 años. De hecho, dijo, “se ha triplicado, es un fenómeno creciente, de mucha preocupación y hace repensar la forma en que el Estado está abordando el problema”.
Lo otro, que a nivel nacional el fenómeno afecta indistintamente a terrenos particulares (56% del total) y aquellos de propiedad del Estado (44%).
Por lo mismo, desde el punto de vista de la legalidad no hay diferencia si el desalojo involucra a un terreno público o privado. “Una toma es ilegal”, planteó Gil.
En su opinión, la única distinción es quién es el titular del derecho afectado, un privado o el Estado. En este último caso, añadió, pueden cambiar las estrategias a utilizar para erradicar la toma como “buscar una solución más consensual al problema del campamento, tratando de que las personas salgan de ese terreno o se muevan hacia la vivienda formal”.
Mientras que cuando se trata de un terreno privado, señaló “el Estado tiene un mandato más inmediato, tiene menos margen de acción para buscar una solución consensual, salvo que el dueño del terreno esté disponible para una solución acordada”.
Las causas
El académico recordó que los campamentos son un fenómeno que históricamente ha estado asociado a los problemas de acceso a la ciudad: “Tiene que ver con el movimiento de personas, ahora más migrantes, anteriormente chilenos; que vivían en las zonas rurales y que buscan relocalizarse en zonas urbanas económicamente activas y que no tienen los medios para acceder a una vivienda formal”.
Otra causa, afirmó Gil, es “la poca adhesión a la institucionalidad, el desapego a la Ley, cuando las personas creen que pueden resolver sus problemas por sus propios medios, una sensación de que es factible tomarse un terreno y quedarse ahí”.
También sumó que hay “una causa estructural profunda, que es el creciente problema de acceso a la vivienda y acceso a la ciudad que tenemos en Chile, que se ha ido acumulando en el tiempo”.
En este contexto, el académico sostuvo que el proceso de desalojo en Quilpué visto la semana pasada, así como el hecho de que persisten las negociaciones entre Gobierno y privados en San Antonio, son una buena señal para desincentivar estas prácticas.
“Hoy la opinión pública está teniendo una percepción bastante negativa de las tomas de terreno”, opinó junto con destacar que hay más instrumentos para combatirlas, como la nueva ley de usurpaciones, el cambio que se hizo al Código Penal.
Gil también precisó que este es un fenómeno muy heterogéneo, es decir, hay muy distintos tipos de toma. Para graficar, mencionó que “hay lugares que han sido tomados por bandas, por personas que promueven la ilegalidad y la informalidad, donde se lotean los terrenos se venden e incluso hay tomas de segundas viviendas” y ahí afirmó que “el Estado tiene que actuar para desalojar ese tipo de situaciones”.
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