Hoy se presenta la reforma tributaria del gobierno, la primera gran prueba legislativa de esta administración, que aterriza en un panorama político movedizo y complejo para el oficialismo. Luego del respiro del discurso del 1 de junio, donde el Presidente Gabriel Boric recuperó parte de su popularidad perdida en el arranque, nuevamente el mandatario sufre una brusca crisis de apoyo popular, de acuerdo a las encuestas.
Según la última Cadem, por ejemplo, solo un 34% aprueba su gestión, el menor porcentaje desde marzo, mientras un 59% lo desaprueba. Parece indudable que la estrategia del propio gobierno, de unir su suerte a la de la convención y el referéndum, está teniendo efectos: de acuerdo al mismo estudio de opinión, la opción “Apruebo” retrocede al 33%, mientras que la alternativa “Rechazo” llega al 51%, es decir, 18 puntos por arriba.
Para el mandatario está resultando complejo mover piezas en su comité político, donde están cuatro personas de su primer anillo: Izkia Siches, Giorgio Jackson –que han concentrado las críticas–, Camila Vallejo y Antonia Orellana.
Pero el mismo Presidente ha matizado el discurso y esta semana –en un giro político que desconcertó al propio oficialismo–, llamó a no confundir los destinos del gobierno y del “Apruebo”. En una entrevista al canal de televisión Arica TV, en su gira por el norte del país, aseguró que está abierto a hacer las reformas o ajustes necesarios, al margen de la opción que se imponga el 4 de septiembre. Nuevamente, como lo había hecho antes, el Presidente vuelve a abrir la puerta a un “plan b” en el caso de que gane el “Rechazo”, lo que le había valido fuertes críticas de parte de sus propias fuerzas, sobre todo de Apruebo Dignidad y el PC.
El cambio en el discurso del Presidente Boric ha sido evidente a medida que la opción contraria a una nueva Constitución ha ganado espacio. Parece claro que La Moneda ha comenzado a tomarse en serio que el “Apruebo” puede perder, aunque todo indica que será una carrera apretada y el margen entre ambas opciones será estrecho. Es lógico que el gobierno se haya dado cuenta de lo peligroso que resulta para la estabilidad del propio Ejecutivo que su destino aparezca unido al resultado del plebiscito, porque el 5 de septiembre deberá seguir gobernando, al margen del resultado. Que no fue adecuado manifestar ante el Congreso que la misma agenda legislativa estaba organizada en etapas –antes del plebiscito y luego del plebiscito–, como plantearon los ministros políticos en reiteradas ocasiones en estos casi cuatro meses de gobierno.
La reforma tributaria del gobierno, que muy probablemente despierte a los políticos y a los técnicos de la derecha –que clamarán por mayores incentivos a la competitividad, la inversión, el crecimiento y la creación de empleos, entre otros asuntos–, encontrará al gobierno en medio de un fuerte ruido de sables del propio oficialismo por un cambio de gabinete. Un giro en el timón político que le inyecte fuerza a La Moneda, sobre todo con vistas a la batalla grande, la de una nueva carta fundamental.
La diputada Karol Cariola, con fuertes lazos políticos y personales con la generación que gobierna, el martes aseguró que no tenía “ninguna duda que hay ministros y ministras que pueden hacer aportes más significativos al avance del proyecto y programa de gobierno”. En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), deslizó derechamente la opción de un ajuste ministerial: “La baja en la popularidad del gobierno se ha tornado crítica. Es necesario adelantar el segundo tiempo y hacer un giro”, argumentó. Fue el mismo Boric el que, desde el norte, respondió que “todo es perfectible” y que su gobierno “tiene que estar permanentemente evaluándose y disponible a mejorar”, sin cerrar la puerta a un cambio en su tablero. Se abre, entonces, la interrogante sobre lo cerca que está un ajuste.
La Moneda está tensionada. Parte de su base de apoyo le reclama al Presidente una excesiva influencia de sectores de la ex Concertación de centroizquierda, como lo asegura en una entrevista en The Clinic el sociólogo Carlos Ruiz, uno de los mentores intelectuales del Frente Amplio. Como le sucedió a la presidenta Michelle Bachelet en su segundo gobierno con su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo –al que le costó desvincular, justamente debido a la fuerte relación de confianza política y personal–, para el actual mandatario está resultando complejo mover piezas en su comité político, donde se encuentran cuatro personas de su primer anillo: Izkia Siches, Giorgio Jackson –que han concentrado las críticas–, Camila Vallejo y Antonia Orellana. En la misma línea se enmarca el gran tropiezo de la semana pasada con su pareja, Irina Karamanos, que le valió un golpe a su popularidad (en parte, porque nadie hasta ahora ha dado una explicación política a lo sucedido).
Al margen de la popularidad, sin embargo, el gobierno tiene un gran problema político y se radica en el Congreso, donde en estos meses no ha logrado ordenar a sus propias fuerzas. Ocurrió nuevamente esta semana a propósito de la renovación del Estado de emergencia en parte de la llamada Macrozona sur: el gobierno sufrió desmarques en el propio oficialismo (mientras el Frente Amplio se alineó, en la bancada PC-Independientes hubo un mayor número abstenciones que en la anterior prórroga).
La Moneda, por lo tanto, tiene enfrente un Parlamento difícil. Es el escenario –movedizo, complejo– donde aterrizará la reforma tributaria a partir del lunes próximo, donde las negociaciones políticas del propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, seguramente serán cruciales.
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