Por Claudia Betancourt Muñoz
Llevaba apenas un par de meses como ministro de Justicia, cuando Teodoro Ribera Neumann (RN), realizó una dura advertencia a la Corte Suprema: “Quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente, tiene que ser un magistrado que sepa considerar adecuadamente los intereses individuales y los colectivos”. Esta frase le valió que el máximo tribunal emitiera un acto de refuta tras sus palabras. Cercanos al ministro, y quienes trabajaron con él en su período parlamentario, lo describen como un hombre inteligente y con carácter. “Es difícil dejarlo callado”, comentan.
Además, no renuncia, por ejemplo, a defender lo que califica “un derecho constitucional” en apoyar a candidatos de su colectividad que postulan al municipio. Ello le significó que un grupo de diputados DC presentara un requerimiento ante la Contraloría General de la República pidiendo investigar un eventual “intervencionismo electoral” por su participación en la proclamación de Ximena Valcarce (RN) como candidata en Arica.
La semana pasada fue quien puso paños fríos al inesperado anuncio del presidente Sebastián Piñera, sobre “una reforma a la reforma” del actual sistema procesal penal, mediante el envío de un proyecto de ley al Congreso.
-¿Es necesaria la reforma procesal?
- El 2000 comenzó a implementarse la reforma procesal penal, primero en regiones y luego en Santiago. Lo interesante es que en noviembre de 2005, el mismo ministro (José Antonio) Gómez introdujo algunas modificaciones. Con posterioridad, han habido otras 15 reformas más al sistema procesal penal. Entre ellas, una relevante el 2008 impulsada por los ministros (Alejandro) Solis y (Carlos) Maldonado denominado la agenda corta. Durante el gobierno del presidente Piñera han habido cinco leyes en materia penal o procesal penal.
- ¿Por qué tantos cambios?
- Hoy existe una percepción muy arraigada de que el sistema no está funcionando, y corremos el riesgo que el sistema procesal penal, y cuando hablo de sistema son todos los actores, puedan caer en descrédito si no hacemos cambios para solucionar los problemas que se manifiestan y que están orientados, principalmente, en establecer equilibrios en pro de las víctimas y en pro de la agilización de las capacidades investigativas. Por eso es que el presidente planteó una reforma y no una contrareforma.
- ¿Cuáles son los principales problemas detectados?
- Lo primero es un problema de coordinación a través del procedimiento administrativo, que podemos solucionar a través de normas, instrucciones y reglamentos. Un segundo ámbito que estamos trabajando apunta a las modificaciones legislativas, ya sea al código procesal penal u otras normativas. En definitiva, estamos investigando en el ámbito de mejorar la coordinación entre los diferentes actores del sistema procesal penal y ese ámbito, lo hemos estado trabajando al interior de la Comisión Coordinadora Permanente del Sistema Proceso Penal, que se implementó en septiembre del año pasado.
- En el fondo, ¿hay críticas al excesivo garantismo de los jueces?
-Un sistema procesal penal tiene por objeto responder a los requerimientos ciudadanos de paz pública y de seguridad, y hoy claramente existe una demanda ciudadana por mayor seguridad y eso tenemos que lograrlo respetando los derechos fundamentales y respetando los compromisos internacionales. Estamos seguros que es posible avanzar decididamente en la materia a través de criterios técnicos, evaluaciones adecuadas, estableciendo mayores equilibrios, permitiendo en definitiva que se sancione a los culpables, no exista impunidad y que exista un adecuado equilibrio entre los derechos de los imputados.
Al margen de la coyuntura
- ¿La disminución en los índices de delincuencia pasa por esta reforma o por una mayor coordinación de las instituciones encargadas?
- Tenemos que entender que este problemas hay que trabajarlo multifactorialmente. Esto implica mayor coordinación, cambio de normativa y procedimientos a nivel reglamentario entre los diversos actores intervinientes. Por otro lado, tenemos que ver las modificaciones legales, superar incertezas o problemas legales que se nos presenten y el tercer tema, es el tema de la capacitación de los actores del sistema procesal penal.
- ¿No habría que reformar el código penal?
- Efectivamente, es necesario revisar el código penal toda vez que las diversas modificaciones que se le han introducido durante el tiempo ha generado escalas penales no guardan necesariamente relación con la gravedad de los delitos que se contemplan. Ello también porque los cambios sociales demandan hoy una mayor sanción en el caso de algunos delitos que no sean necesariamente contra las personas.
- ¿Y qué pasa con la reforma al Código Civil?
- Hemos avanzado con gran disposición en la Comisión de Constitución de la Cámara Diputados, y esperamos en el transcurso de este gobierno concluir la tramitación del Código Procesal Civil
- ¿No cree que puede generar confusión en la opinión pública que se anuncie esta reforma tras las sucesivas disputas públicas con los fiscales y con el Poder Judicial?
- Veo una positiva disposición a la reflexión, a la autoevaluación. Eso es muy relevante. Si no hacemos una reforma a la reforma, el riesgo que corremos, es que se pueda producir un descrédito del sistema que hoy la ciudadanía percibe que presenta algunos cuellos de botella.
- ¿Cómo se espera proteger los principios básicos de respeto a los derechos humanos con una reforma como esta?
- Esto necesariamente tendrá que contemplar modificaciones que se refieran a materias orgánicas constitucionales, y esas reformas van a ser vistas previamente por el Tribunal Constitucional.
- ¿Qué responde a las aprensiones en cuanto a que se estaría legislando mediáticamente a raíz de un caso puntual?
- Hace cuatro meses el Ministerio de Justicia viene trabajando en la materia. Antes del caso del barrista el presidente tuvo un almuerzo con el presidente de la Corte Suprema y con los titulares de cada sala. En esa reunión, y no existiendo ningún tema coyuntural, reiteró su preocupación e interés por hacer una reforma.
Cárceles concesionadas: "Estamos buscando acuerdos"
- ¿Cómo va el proceso de concesión de las cárceles?
- Las concesiones de las cárceles nos interesan desde dos perspectivas, una es mejorar las situaciones actuales de las cárceles concesionadas principalmente generando un mejor aprovechamiento del espacio y más rehabilitación de los espacios para educación y trabajo, toda vez que nos interesa un mayor enfoque hacia la reinserción social.
- ¿En qué etapa se encuentra?
- Como Ministerio de Justicia le hicimos ver nuestro parecer al Ministerio de Obras Públicas y, en este momento, estamos buscando acuerdos con las concesionarias.
- ¿Cuándo se implementaría?
- Si las concesionarias no nos ofrecen condiciones adecuadas de nuestra perspectiva de la densificación de los penales, de la reinserción social y de los valores comprometidos, no insistiremos en la materia. Para el Estado tiene que ser bueno desde el punto de vista social y financiero. Y como le dije a la concesionaria, si no llegamos acuerdo, no le vamos a pedir ni un paradero de micro.
- ¿Hay posibilidad de implementar otro sistema?
- Lo que estamos viendo es si lo hacemos a través de un sistema mixto para los dos nuevos centros en Talca y de Copiapó. En esa materia, estamos absolutamente abiertos a poder hacerlo ya sea mixto por construcción o mixta además en gestión.
"Sacándome el terno de ministro tengo derechos"
- ¿Qué le parece el dictamen de la Contraloría que evacuó sin sanciones la intervención electoral de ministros, aunque con sugerencias?
- La Contraloría precisa que el cometido del funcionario tiene que estar en el ámbito de las competencias y por tanto, si uno actúa en ese ámbito de las competencias puede participar en los mismos. Lógicamente de la buena fe y no haciendo un uso inadecuado ni del cargo ni de los recursos públicos. La Contraloría, sin embargo, no se ha referido -porque lo ha hecho antes- a las circunstancias que los ministros y otras autoridades públicas fuera de sus horario de trabajo, pueden en su calidad de ciudadanos involucrarse en cosas propias del mundo de la sociedad democrática.
- En lo que Usted ya ha realizado en dos oportunidades...
- No veo en este fallo ni precisión, ni limitación o reprimenda que fuera del horario de trabajo, sin involucrar recursos públicos, uno pueda participar.
- Entonces ¿sigue disponible para apoyar a los candidatos en sus horas libres?
- Es lo que espero. Ahora, sí la Controlaría decide algo contrario, no lo haré. Mi racionalidad es que si un ministro de Justicia y cualquier autoridad pública fuera de su horario de trabajo tiene derechos ciudadanos y eso está en votar e involucrarme en todo lo que ello conlleva. Sacándome el terno de ministro tengo derechos constitucionales.