El sábado 11 de abril el ministro Jorge Quiroz asistió al matrimonio de su mano derecha, el coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores, Tomás Bunster. Tuvieron que compatibilizar el post party con la presión de los frenéticos últimos ajustes y escaramuzas de Teatinos 120 en la previa a timbrar la versión definitiva del megaproyecto de ley en que la administración Kast se juega buena parte de su destino. Y que a contar de mañana o más tardar pasado mañana se someterá a esa incierta brega en el Congreso.
Mientras Bunster -trabajaron juntos en su consultora Quiroz y Asociados- pasó a modo luna de miel esta semana, el equipo más involucrado en la fase final se ha repartido en varios frentes: la redacción, edición y revisión final del proyecto de ley; cuidar el flanco de un posible requerimiento ante el Tribunal Constitucional; el frágil trato con los parlamentarios, el sondeo de votos y un suma y sigue tan extenso como tantos apelativos se le han puesto a la iniciativa.
Tamaño esfuerzo no alcanzó para evitar otro tropezón del Gobierno: el enredo que por si iba o no en el paquete limitar a la edad de 30 años la gratuidad en la educación superior. Tras públicas contradicciones entre los ministros del Interior (que la había descartado) y el de Hacienda (que la había confirmado), recién el viernes se informó que ambos, junto a su par de Segpres, finalmente zanjaron dejarla fuera. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, los llamó “a coordinarse mejor y dar un solo mensaje”.
Este lío expuso nuevas diferencias entre Quiroz y la dupla de ministros políticos, Claudio Alvarado (Interior) y José García (Segpres). Por lo mismo, se han revuelto versiones. Hasta donde se ha sabido, la definición de excluir la medida se tomó en el Comité Político “premium” -Presidente y ministros, incluido Hacienda-, el lunes 13. Horas más tarde, como ocurre cada primer día de la semana, en Teatinos 120 se realizó el almuerzo con los legisladores oficialistas de las comisiones de ese sector.
El martes, el Presidente, Alvarado, García y Quiroz se volvieron a encontrar, esta vez con los parlamentarios del sector en la cumbre de Cerro Castillo. Al día siguiente, miércoles, Kast ni siquiera nombró la polémica medida en su cadena nacional, acorde a lo resuelto el lunes. Mientras la televisión pasaba su mensaje, Quiroz asistía a la cena del Cesco Week 2026.
En la minuta que esa noche Presidencia envió a los medios, la única mención al tema gratuidad estaba en el último párrafo, pero hacía referencia a la “moratoria de ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad”, que se propone suspender “por cuatro años”. Según Hacienda, al final de toda esta teleserie, es lo único que permanecerá en el paquete.
Y llegamos al jueves, día en que Alvarado anunciaba que el límite etario quedaba fuera, mientras Quiroz decía lo contrario en su rueda de prensa. Según Hacienda, la “descoordinación” ocurrió porque cuando se preparaba esa conferencia, la idea era decir cosas “distintas” a las de la cadena… pero no se tomó (o no se cayó en la) cuenta que había un acuerdo previo. Otros malpensados en La Moneda creen que esto se debió a que Quiroz nunca estuvo de acuerdo con sacar el límite de edad y que su pronunciamiento en la conferencia fue una forma de tantear terreno para mantenerlo. Eso llevó a la cumbre Hacienda - Interior - Segpres del mismo día en la tarde a zanjar el problemón.
Al momento de cerrar esta edición, el proyecto tenía cerca de 70 páginas y 43 medidas. Se había intentado que los últimos cambios de fondo no pasaran del miércoles 15, porque lo contrario obligaba a editar también el informe financiero que acompañará a la iniciativa.
En la redacción del proyecto han trabajado principalmente -además de Quiroz, quien vigila muchos detalles- Bunster; Alejandro Guin-Po Bon, coordinador macroeconómico; Bárbara Bayolo, coordinadora legislativa; Sebastián Vallebona, coordinador de Políticas Tributarias, y Rudy Canales, jefe de gabinete del ministro. Hay días en que se han quedado hasta pasadas las 23 horas en eso. El informe financiero ha estado en manos de José Ignacio Llodrá Vial, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, y el mismo DIPRES, José Pablo Gómez.
Quizá dado todo lo ocurrido, es que hasta el viernes “seguían circulando versiones con control de cambios”.
Al final de esta semana el proyecto ha estado más bien sujeto a “revisiones”, en manos de equipos de Hacienda y Segpres. Serían cerca de cuatro personas, pudiendo llegar a más de 10 según el tema que se requiera.
Antes de eso hubo que ocuparse de conjurar el peligro de que la oposición tenga más argumentos para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, invocando infracciones relacionadas con las ideas matrices y el mensaje del proyecto. Aunque gente fogueada en esto asegura que esta revisión se suele hacer, reconocen que esta vez debieron redoblar esa tarea. Y que si la oposición “no nos hubiese encendido este nivel de alertas, quizá no lo habríamos revisado bajo esta óptica”.
En dicha task force se aplicaron diversos nombres, entre ellos el senador Arturo Squella y el asesor del ministro (y ex diputado UDI) Felipe Donoso.
Capítulo muy aparte fue la cumbre del Presidente con sus congresistas en Cerro Castillo el martes 14, cuando se les explicó los alcances del proyecto antes de la cadena nacional. Lo de muy aparte es por diversas razones. Una es que los legisladores de derecha que esperaban conocer en exclusiva el proyecto definitivo tuvieron que conformarse con el mismo texto original. Otra es la comentada intervención verbal de la primera dama, Pía Adriasola -entre otras cosas, pidió unidad-, episodio del que no se recuerda algo similar en el sector.
En la misma cena, Quiroz presentó un PPT acerca del proyecto y se hizo acompañar por un grupo de sus asesores, que fueron atendiendo las demandas y consultas de los parlamentarios. Algunos de estos últimos se han visto las caras recurrentemente a lo largo de los intensos pasilleos en el Congreso; otra de las partes pesadas de la semana ha sido el ida y vuelta con los legisladores.
Aunque el peso de lidiar con los congresistas propios y ajenos está siempre más cargado en Interior y Segpres, Hacienda se ha coordinado con ambos. Ahí han estado codo a codo la coordinadora legislativa de Teatinos 120, Bárbara Bayolo, y el asesor de Quiroz Felipe Donoso. La primera es abogada y fue directora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y el segundo fue diputado UDI y como tal, sabe cómo entenderse con los parlamentarios de lado y lado: ha gastado horas conversando con ellos, telefoneando y enviándoles minutas… con distintos resultados, confiesan.
Esta semana miscelánea en vivencias comenzó a cerrar con otra boda, el viernes en la noche: la de Alejandro Guin-Po Bon, coordinador macroeconómico. Mañana comienza otra temporada de esta serie.
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