Caso Pollos: el rol clave que tendrían los ex ministros del TDLC ante la Corte Suprema

Un rol clave en el debate de la Corte Suprema podrían jugar las prevenciones que realizaron dos ex ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en la sentencia del Caso Pollos, consignan fuentes cercanas al proceso.

En el fallo del TDLC, tanto Andrea Butelmann como Radoslav Depolo (que dejaron el organismo antimonopolios a comienzos de año), pidieron sanciones más duras para las empresas, lo que podría ser utilizado como uno de los argumentos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el máximo tribunal, señalan.

Butelmann y Depolo estuvieron por imponer a Don Pollo una multa idéntica a Agrosuper y Ariztía; obligar a todas las avícolas requeridas a consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado en la que participen, así como su participación en nuevas asociaciones gremiales; y a someterse a un estricto programa de cumplimiento de la normativa de defensa de la libre competencia por cinco años.

Los ex ministros antes mencionados indicaron en la sentencia que sus prevenciones cobran importancia pues el comportamiento de las avícolas se instituía como "una verdadera cultura de la colusión".

Las reclamaciones
Al cierre de esta edición, fuentes de las empresas sancionadas aseguraron que Agrosuper, Ariztía y la Asociación de Productores Avícolas (APA), habrían presentado al TDLC sus reclamaciones dirigidas a la Corte Suprema. Don Pollo y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) también lo habrían hecho, sin embargo las entidades al ser consultadas no lo confirmaron.

De todos modos, cercanos al proceso enfatizaron que la FNE entraría a esta etapa para que el máximo tribunal haga valer lo que sentenció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia e incluso, podría pedir que aumente la multa para Don Pollo y la APA. Por lo mismo, aseguran que es de toda lógica que la firma controlada por la familia Covarrubias esté en el proceso para defenderse. "Si Don Pollo llega a la Suprema, será un caso difícil de analizar", indican entendidos, porque el espíritu del sistema es que las multas de este tipo no sean expropiatorias o causantes de la quiebra de una empresa. Don Pollo aseveró en los alegatos del caso que si se le aplicara la multa máxima quebrarían.

Inhabilitaciones
Una vez que el TDLC provea el caso a la Corte Suprema, ésta debería analizar eventuales inhabilidades de sus integrantes, tal como lo hicieron en el Caso Farmacias, donde se restaron ministros que estuvieron a cargo del recurso de conciliación entre la FNE y Fasa.

Distintas fuentes del caso descartan de antemano que algún ministro de la Corte Suprema decida inhabilitarse en este caso por conflictos de interés, salvo que lo consideren prudente a raíz de la disputa que se dio en el proceso del TDLC cuando la FNE y la APA entraron en conflicto por las facultades que tenía la fiscalía para haber incautado un disco duro durante el proceso, hecho que significó que la FNE interpusiera un recurso que resolvió la Suprema. Paralelamente a las diligencias que se llevarán a cabo en la instancia que preside Sergio Muñoz, cualquier empresa estaría en libertad para recurrir al Tribunal Constitucional si lo estiman pertinente.

PUNTOS DEL FALLO DEL TDLC QUE SE IMPUGNARÍAN
Multa
La sentencia del tribunal condenó a Agrosuper, ligada al empresario Gonzalo Vial, y Ariztía, relacionada a Manuel Ariztía, a pagar el monto máxima establecido en la ley 30.000 UTA, unos US$ 25,4 millones, cada una. En tanto que para Don Pollo, de la familia Covarrubias, la sanción económica ascendió a 10.000 UTA, es decir, US$ 10,1 millones.

No más asociación gremial
En una medida inédita, el TDLC ordenó la disolución de la APA, instancia gremial que, según se desprende de la evidencia presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el marco de su investigación, actuaba como coordinadora del cartel. Sin embargo, en rigor, esto no significará que en el futuro las firmas avícolas estén impedidas de conformar otro gremio.

Agrosuper deberá consultar
El Tribunal de la Libre Competencia impuso sólo a Agrosuper la obligación de consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado en la que participen. Sin embargo, esta determinación fue rebatida por los ministros Butelmann y Depolo, quienes consideran que esta determinación también debería regir para las otras dos empresas sancionadas: Ariztía y Don Pollo.