En forma unánime la comisión de Hacienda del Senado aprobó en general y en particular el proyecto de ley que crea el consejo de Estabilidad Financiera (CEF), que actualmente opera bajo reglamento. La iniciativa quedó lista para ser votada en la sala del Senado.
La propuesta apunta a que distintas entidades, que tienen como propósito el resguardar el sistema financiero y macroeconómico, puedan actuar coordinadamente, intercambiando información necesaria para efectuar un manejo preventivo del riesgo sistémico y para la resolución de situaciones críticas que involucren el ejercicio de las funciones y atribuciones de las Superintendencias del Área Económica.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sostuvo que “esta es una iniciativa que fortalece los mecanismos de coordinación e intercambio de información necesarios para preservar la integridad y solidez de nuestro sistema financiero”.
El CEF fortalecerá la institucionalidad y facilitará la coordinación; resguardando la autonomía legal de las instituciones técnicas, ampliando las posibilidades de compartir información. A la vez, permitirá a supervisores acceder a mayor información respecto de conglomerados financieros y es un legado a la institucionalidad económica de Chile.
Los miembros del CEF son el ministro de Hacienda, quien lo preside; además de el superintendentes de Valores y Seguros, de Bancos y Pensiones, así como el presidente del Banco Central, que asiste permanentemente en calidad de invitado. El consejo sesiona una vez al mes.
El presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, dijo que el organismo esta obligado a “anticiparse a los problemas sistémicos y, a la vez, entregar recomendaciones a la autoridad para evitar riesgos que han ocurrido”. Al hacerlo por ley, añadió, “establece una serie de derechos y obligaciones que otorgan mayor transparencia, y obligan a este consejo a informar al Parlamento una vez al año, de los temas que ellos están tratando”.
El senador dijo, además, que “el tema más delicado que se discutió fue el cómo se trata la información reservada, ya que las superintendencias pueden requerir información a las instituciones privadas en esta materia para su mejor decisión al interior del Consejo; y la pregunta es ¿cuánta de esa información se puede hacer pública o no, para precisamente evitar un tema sistémico? Pero se encontró la fórmula adecuada para estos efectos, a través de un reglamento”.
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