Qué límite de espectro deberían tener las empresas de telecomunicaciones, fue una de las discusiones entre empresas, expertos y exautoridades del ramo en la Corte Suprema hace unos meses, donde finalmente se terminó validando la idea que las firmas no debían tener más de 60 MHz.
En más de 2.000 páginas divididas en ocho tomos, la Corte Suprema -que analizó una reclamación de Conadecus a raíz de un fallo adverso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia- tuvo como protagonistas a los principales ejecutivos de los operadores como Roberto Muñoz, gerente general de Telefónica; Mauricio Escobedo, gerente general de Claro Chile, y Jorge Atton, exsubsecretario de Telecomunicaciones, entre otros.
En las transcripciones del proceso, donde fueron citados como testigos -a raíz de lo que fue la licitación de la banda 700 MHz, que es clave para el despliegue del 4G-, los aludidos manifestaron su rechazo a establecer un límite por empresa. Probablemente sus argumentos serán protagónicos en poco tiempo más cuando este debate vuelva a llegar al TDLC.
Según consta en el expediente, Atton fue claro sobre los efectos que traería para el mercado fijar un límite de espectros.
“Desde el punto de vista económico, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tiene que tener una mirada dinámica respecto de los espectros, las tecnologías mutan y migran, y un espectro que puede parecer muy bueno hoy día, puede ser mañana no muy bueno, por lo tanto fijar un cap o no, es un tema bastante complejo porque puede producirse un error desde el punto de vista estructural, judicial, que entorpezca en el mercado en el largo plazo y al final desfavorezca a los usuarios. Tiene que ser una mirada dinámica, esa es mi opinión”, dijo el exsubsecretario.
También señaló que no acudió al TDLC para consultar sobre si era necesario o no aumentar el límite de 60 MHz durante la licitación de la banda 4G, porque consideraba que este límite solo se fijaba para una determinada banda, y no para todo el espectro.
“En ningún momento pensamos hacer esa consulta porque tengo un total convencimiento de que ese límite solo estaba asociado para el concurso de telefonía móvil avanzada”, dijo.
Esta visión fue compartida por Roberto Muñoz, de Telefónica, quien aclaró en su declaración que este límite era solo para dicha banda y no para el total del espectro.
“Lo que fue, fue para ese proceso en específico. Se puso un cap pero solamente para ese proceso, con bandas específicas, pero no como una norma general”, dijo.
Con respecto a la incorporación de nuevos actores, Atton fue claro que se hicieron esfuerzos en China y Japón, pero que la condición del mercado nacional de tener cinco operadores, los ahuyentó.
El gerente de planificación de Claro hasta marzo de 2017, Patricio Varas, comentó la importancia de contar con mayor cantidad de espectro para mantener la calidad de servicio.
“Tiene alta importancia porque para aumentar el volumen del tráfico que usa una red en un espacio, en un territorio determinado, se necesita o densificar mucho la cantidad de sitios, para reutilizar los espectros, o bien agregar más espectros sobre la misma cantidad de sitios. Claramente una red con más espectros es mucho más eficiente que un red con menos espectro”, precisó en su declaración.
Firmas alistan recursos de protección por medida del gobierno
Mientras la Subsecretaría de Telecomunicaciones continúa en las negociaciones con las empresas operadoras para llegar a un acuerdo sobre la decisión de congelar la banda 3,5Ghz que decretó el pasado 20 de junio y sobre la definición del límite de espectro que se solicitará al TDLC, el tiempo corre y la presión por llegar a un acuerdo aumenta.
Y es que la próxima semana se cumplen los 30 días que tienen las empresas para interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones e intentar frenar la medida que decretó la Subtel vía resolución administrativa.
Trascendió que algunas empresas ya están trabajando en los escritos para solicitar la medida precautoria, esto ante una posible falla de las negociaciones con la autoridad. El recurso de protección permitiría a las empresas resguardar el derecho de propiedad otorgado en la licitación y el derecho a realizar una actividad económica lícita.
Se espera que hoy lleguen las propuestas de las empresas sobre cómo abordar ambas problemáticas, por lo que la autoridad deberá zanjar los próximos pasos a seguir tras recibir las propuestas.
Si las empresas deciden no recurrir de protección, la otra alternativa que están barajando es la de interponer un recurso de amparo, para el cual tienen un plazo de hasta seis meses.
Esta opción, sin embargo, no es una muy buena alternativa ya que tienen limitaciones, según explican especialistas en el tema. Este recurso no permitiría resguardar el derecho de propiedad, limitándose solo al derecho de desarrollar una actividad económica lícita.
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