El fallo en la arista penal del caso Farmacias, que absolvió a los 10 ejecutivos de Fasa, Salcobrand y Cruz Verde, podría poner más presión a la discusión sobre si los delitos de colusión deben tener penas de cárcel, ante el revuelo que causó la resolución del Cuarto Tribunal Oral de Santiago.
Si bien la aplicación de penas de cárcel a los delitos de colusión ha sido cuestionada por los especialistas -el comité de libre competencia del Colegio de Abogados recomendó no innovar en este tema-, por los efectos negativos que tendría en la persecución de los carteles, ayer el ministro de economía, Luis Felipe Céspedes, señaló la necesidad de avanzar en la instauración de dichas penas.
“Hoy no tenemos un delito específico de colusión en nuestro ordenamiento jurídico, por eso el gobierno ha enviado un proyecto de ley al Congreso, que hoy día está siendo discutido en la Comisión de Economía de la Cámara, que genera un delito específico de colusión con penas de entre cinco años y un día hasta diez años para aquellos que se coluden”, aseguró el Ministro.
Jaime Barahona, abogado del estudio Guerrero Olivos y ex Sub Fiscal Nacional Económico (FNE), señala que la estrategia utilizada por el ministerio Público en el caso, al utilizar el artículo 285 del Código Penal como sustento de la acusación lo hacía un caso “difícil”.
“Este fallo va a provocar la discusión en el congreso sobre la necesidad de que se tipifique una figura penal, y también de las consecuencias de ello, porque se generan dos vías de persecución. Se le pone más presión, porque existen mociones parlamentarias en orden a criminalizar la conducta”, dice.
El especialista indica que si se opta por establecer penas de cárcel, se debe tener cuidado en no afectar la figura de la delación compensada, pues esta es clave para el éxito de las investigaciones que realiza la FNE en materia de colusión.
“Tiene que haber una necesaria coordinación, particularmente en cuanto al otorgamiento de beneficios. Para que pueda funcionar la autodenuncia, tiene que haber señales muy claras de cuales van a ser los beneficios que se van entregar”, dijo.
El diputado DC Sergio Espejo, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara -que despacharía el proyecto en julio-, sostiene que el fallo muestra que la regulación actual es insuficiente.
“Hay quienes creen erróneamente, como ocurre lamentablemente con el presidente del Tribunal de Libre Competencia, que la actual regulación es suficiente para prevenir y sancionar la colusión. El fallo farmacias muestra que no es suficiente. La evidencia comparada muestra que la disuasión es menor cuando la empresa paga multas y cuando los responsables pagan con cárcel”, dijo.
José Joaquín Ugarte, del estudio Baker & Mckenzie, sostiene que el fallo es positivo, ya que reconoce que en Chile no existe un tipo penal para atacar la colusión. Asimismo, sostiene que la inclusión de penas de cárcel “desincentivaría la persecución de carteles”, pero reconoce que este tema estará presente al momento de definir la discusión que se da en el parlamento.
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