Más grande que la industria salmonera o las exportaciones silvícolas es la educación superior en Chile, un mercado que mueve al año US$ 6.800 millones y está compuesto por 132 instituciones vigentes y 126 con matrícula activa, de las cuales 55 son universidades, 31 institutos profesionales y 40 Centros de Formación Técnica (CFT).
Así lo reveló un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), realizado durante año y medio y que reveló tres importantes limitantes a la libre competencia, que de ser subsanadas, aunque sea parcialmente, producirían beneficios anuales totales por US$ 852 millones, al disminuir la deserción y optimizar la elección de carreras con mayor retorno. A raíz de ello formuló nueve recomendaciones para enfrentarlas.
Esta investigación no estuvo exenta de polémica. La Universidad Católica, de Chile y de Santiago se opusieron al acceso de datos personales de sus estudiantes y fueron a la justicia. El diferendo fue zanjado por la Corte de Apelaciones, que acogió la posición de la FNE.
Según la investigación de mercado -que la entidad que vela por la libre competencia compartirá con el Ministerio de Educación para buscar mejoras- el rubro de la educación superior es muy masivo, con muchos participantes, pero hay brechas de información que impiden que se tomen las mejores decisiones al momento de optar a una carrera o cursarla y además existen barreras regulatorias que merman la competencia.
En su informe, la Fiscalía detectó tres principales limitantes para la libre competencia: problemas asociados a la toma de decisiones por parte de los estudiantes, fallas en la divulgación de información sobre variables competitivas relevantes para los postulantes y barreras regulatorias que dificultan injustificadamente el proceso competitivo.
Estos factores provocan que la elección que realizan las personas al ingresar a la educación superior no siempre aumente sus posibilidades de encontrar empleo, ni se traduzca necesariamente en una remuneración que sea superior a la que hubieran alcanzado en caso de no haber cursado una carrera.
En el estudio, la FNE constató que 35% de las carreras de educación superior que hoy se ofrecen tiene un retorno económico negativo y que el porcentaje de personas que ingresa a este segmento de carreras ha tendido a aumentar, alcanzando cerca de 40% en 2023.
"Los datos que estamos dando a conocer confirman que la decisión de abordar el mercado de la Educación Superior fue acertada, porque hoy estamos presentando recomendaciones concretas para los problemas que detectamos en este sector que es tan sensible para el desarrollo competitivo del país", afirmó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
La entidad observó también que los estudios superiores y las ocupaciones laborales se encuentran desalineados, ya que dos de cada cinco personas declaran que su trabajo se relaciona parcialmente o poco o nada con sus estudios y una de cada dos personas indica estar sobrecalificada.
El diagnóstico reveló, además, que existen importantes diferencias en la calidad de la educación que entregan las instituciones, tanto entre los subsistemas universitario y técnico profesional como al interior de éstos. En particular, se constató que las instituciones que más cobran en relación con sus costos no son las que entregan los mejores servicios educacionales.
“En este estudio identificamos tres frentes de avance para impulsar una mayor competencia entre las instituciones de educación superior en beneficio de los estudiantes, y de las familias y el Estado que financian los estudios”, explicó Grunberg.
¿Cómo es el mercado?
El informe de la FNE reveló que en 2024 se matricularon 1.277.000 personas en instituciones de educación superior. La mayoría, equivalente a 55% (706.000 personas), lo hizo en universidades. Le siguen los institutos profesionales, con 33% (426.000), y los centros de formación técnica, con 12% del total, es decir, unos 145.000 alumnos.
Actualmente estas entidades ofrecen en total más de 5 mil programas de pregrado y se registra un arancel promedio cercano a los $ 4,2 millones anuales en el caso de las universidades y de $ 2,4 millones en los institutos profesionales y centros de formación técnica.
Entre 2007 y 2024 ha aumentado la cobertura de 54% a 102%, esto es, considerando todos los matriculados dividido por personas en edad de estudiar, entre los 18 y 22 años.
La FNE también reveló que se ha reducido la cantidad de CFT de 84 en 2007 a 25 en 2024, universidades privadas de 45 a 37 casas de estudio e IP de 37 a 31 en el mismo periodo.
Impacto
El estudio de la FNE estima que si el país logra reducir en 10% la tasa de deserción del sistema de educación superior, se ahorrarían US$ 27 millones anuales por el gasto que se dejaría de hacer por concepto de arancel y matrículas. La tasa de deserción en universidades es de 12,5% y en el segmento técnico profesionales llega a 25%, revela el informe.
Y en términos profesionales, si 10% de quienes hoy eligen carreras con retorno económico negativo elige una carrera que le otorgue retornos positivos, se obtendrían beneficios anuales del orden de US$ 825 millones para las familias y para el Estado, sostiene el organismo.
En total, se obtendrían beneficios anuales por US$ 852 millones anuales, lo que representa 13% de los ingresos anuales que obtuvo todo el sistema de educación superior en Chile durante 2023, que ascendió a US$ 6.800 millones, destacó el informe.
Respuesta del CUECH
Desde el Consocio de Universidades de Estado de Chile (CUECH), compuesto por 18 universidades estatales, valoraron el informe emitido por la FNE.
Osvaldo Corrales, presidente del CUECH y actual rector de la Universidad de Valparaíso, reconoció que las universidades estatales enfrentan normativas que no tienen las casas de estudio privadas, lo que impide desarrollarse en igualdad de condiciones.
"Eso explica en gran medida porque hoy el 75% de los fondos públicos terminan en manos de entidades privadas que crecen sin restricciones, mientras las universidades públicas asumimos la carga de regulaciones arbitrarias y que condicionan nuestro desarrollo”, señaló Corrales.
Y agregó: "Si nos van a seguir obligando a competir por recursos públicos a la par con universidades privadas que ven la educación como un espacio de rentabilidad financiera, al menos que nos permitan competir en igualdad de condiciones".
El presidente del CUECH además reiteró la necesidad de mayor transparencia de aquellas universidades privadas que reciban fondos del Estado de forma directa e indirecta por medio de becas y otros beneficios fiscales.
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