La administración de Mario Desbordes en la comuna de Santiago ha decidido no renunciar y apostar por utilizar todos los recursos legales posibles para anular la compra de la Clínica Sierra Bella, sellada durante el período de Irací Hassler como alcaldesa.
Esta semana, el 20° Juzgado Civil de Santiago levantó la orden de embargo que previamente había interpuesto contra el municipio -por haber considerado los bienes como “inembargables”-, por el incumplimiento de pago a la Inmobiliaria San Valentino, que le vendió la propiedad en la polémica compraventa.
En paralelo, la Municipalidad cambió de estrategia. Con un nuevo equipo de abogados -liderado por Raúl Toro, socio de Carrasco, Toro & Cía-, el órgano comunal amplió la demanda en contra de la inmobiliaria, dirigiéndola hacia nuevas partes involucradas y con nuevos argumentos que buscan anular el contrato.
El escrito es, básicamente, una demanda completamente nueva, aseguran fuentes ligadas al municipio, lo cual también se desprende del documento en cuestión.
“Sorprende que una autoridad actúe con este nivel de irresponsabilidad jurídica. Este tipo de maniobras solo son comparables con las conductas que en su momento se conocieron en el Caso Basura, que el alcalde conoce bien”, respondió la inmobiliaria.
Además de San Valentino, la acción judicial también se dirige en contra de los tres arquitectos tasadores, María José Sepúlveda, Patricio Gajardo y Elsa Cárcamo; además del abogado que visó el contrato, Pablo Casanueva.
Un breve repaso. El caso Sierra Bella deriva de la compra por $ 8.200 millones que hizo la Municipalidad de Santiago a San Valentino -ligada al empresario Felipe Sánchez-, con el fin de abrir “la primera clínica pública” de la comuna.
No obstante, San Valentino, solo ocho meses antes, había adquirido este mismo inmueble por $ 2.080 millones. La adquisición fue aprobada por el Concejo Municipal, pero tras una denuncia, Contraloría entró al ruedo, desatando las investigaciones. El caso ganó particular revuelo luego de que en una de sus distintas aristas se publicaran chats de Karol Cariola con Hassler, lo que finalmente desencadenó la renuncia de la parlamentaria comunista a la presidencia de la Cámara de Diputados.
Ahora, nuevamente la Municipalidad acusa que la venta está viciada y ocurrió “en condiciones ilegales y en claro perjuicio para el erario municipal”.
“El precio que -insistimos, viciadamente- se estableció en esta última compraventa es prácticamente cuatro veces superior al que pocos meses antes había pagado la actual y pretendida ‘vendedora’”, dice el escrito.
La tasación y las advertencias
En adición a lo anterior, la Municipalidad apunta a que existieron una serie de irregularidades e ilegalidades acaecidas en el proceso de aprobación de la compra de la clínica mediante trato directo. Lo que argumenta en su nueva demanda es que la voluntad del Concejo Municipal estuvo alterada porque los informes de tasación reflejaban un precio muy superior al del mercado y de ahí que la demanda se dirija en contra de quienes participaron en la elaboración de estos documentos.
Los informes, dice la demanda, “contenían información al menos errónea y sin trazabilidad”. Así, acusa que “no deja de llamar la atención que los arquitectos tasadores demandados, para arribar a sus erradas conclusiones sobre el supuesto valor comercial de los inmuebles en cuestión, no hayan considerado, dentro de los criterios a analizar, el valor de adquisición de dichos bienes raíces por parte de San Valentino, sobre todo si éstos no fueron adquiridos en pública subasta a través de la justicia”.
El municipio también aludió a la existencia de oficios de Contraloría que advirtieron sobre las irregularidades de la compra. “Las irregularidades, los defectos y los vicios” de la compraventa y su posterior escritura, dice la acción legal, “son tales y tan patentes, que el propio Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en más de una oportunidad, se negó a practicar las inscripciones que le fueron requeridas con ocasión de aquella pretendida e improcedente enajenación”.
Con todo lo anterior, el municipio solicitó dejar sin efecto la transacción y arremetió: “Qué duda cabe que con la compraventa (...) no se pretende realizar simplemente un ‘negocio’, sino, muy por el contrario, agredir burdamente el patrimonio municipal y, por cierto, obtener un enriquecimiento ilícito por parte de la pretendida ‘vendedora’”.
Inmobiliaria retruca
DF consultó a San Valentino por la acción legal. “Como empresa, sorprende que una autoridad actúe con este nivel de irresponsabilidad jurídica. Este tipo de maniobras solo son comparables con las conductas que en su momento se conocieron en el Caso Basura, que el alcalde conoce bien: es el mayor escándalo de corrupción municipal que ha existido en la historia del país y quizás viene desde allí su desconfianza y el desconocer las sentencias judiciales”, lanzó la firma.
La inmobiliaria recordó que se descartaron delitos penales en el caso y que los mismos tribunales ordenaron la inscripción de la compraventa.
Asimismo, respecto a la ampliación de la demanda, argumentó que el juzgado civil “ya declaró que no tiene competencia para pronunciarse sobre los intentos del municipio de reabrir discusiones que están zanjadas. Por creativos que sean sus planteamientos, no tienen sustento legal”.
Y, además, sostuvo que “es gravísimo” que un alcalde dé orden de no pagar un vale vista entregado en pago. “El alcalde falta a la verdad señalando que la tasación de la fiscalía es de $ 3.000 millones y él lo sabe”, cerró.
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