El gobierno ha iniciado un severo plan estratégico para vigilar y fiscalizar el reglamento que regula el etiquetado de alimentos y su publicidad, el que entrará en vigor en junio de 2016. Esto, por las nuevas obligaciones que tendrá que incorporar una industria que sólo en el área de confites, galletas, cereales y snacks mueve US$ 2.000 millones.
Desde su aprobación, hace cuatro meses, el Ministerio de Salud lidera el proceso de implementación, lo que comenzó con la preparación de directrices y orientaciones para el cumplimiento del decreto.
El departamento de alimentos del Minsal junto con expertos jurídicos y de alimentos, está redactando los documentos internos que estarán terminados al cierre de este año para ser compartidos con las Secretarias Regionales Ministeriales (Seremis), encargadas de la fiscalización en todo el país.
Por ahora se está trabajando en detallar cómo se debe realizar la fiscalización, basada en un enfoque de riesgo, siendo en primera instancia la supervisión de los alimentos consumidos por los menores de edad.
“Los lugares y alimentos que están dirigido a niños son los que vamos a vigilar con mucho énfasis. Nos vamos a preocupar muy bien de que tengan los tres elementos centrales del reglamento: el etiquetado donde corresponde, que no se vendan en establecimientos educaciones y que no tenga publicidad dirigida a menores de 14 años”, dice Lorena Rodríguez, jefa de nutrición del Minsal.
Para potenciar esta tarea se aprobó un nuevo presupuesto para invertir en capacitación e información sobre el documento. Además, comenta, se solicitó otro presupuesto parar fortalecer los equipos de fiscalización en regiones, con al menos un profesional cada una.
“Hemos tenido reuniones de intercambios de experiencias con las seremis. Vamos a continuar durante todo el próximo año, incluso con el reglamento entrado en vigencia, porque además tenemos que hacer una evaluación a los seis meses”, explica Rodríguez.
“Durante la fiscalización se llevarán a cabo sumarios. En caso de incumplimiento se les dará un plazo, que puede ser de 15 días, para que corrijan la falta. Las sanciones se pueden saldar con multas económicas que dispone el código de alimentos y si existe un cumplimiento grave o reiterado, se puede saldar con el cierre del local o de la empresa”, comenta.
Hasta el momento, también se ha comenzado a capacitar a los equipos regionales de alimentos, promoción y nutrición de estas oficinas y se han cerrado alianzas con distintas instituciones destinadas también a vigilar el proceso, como el Consejo Nacional de Televisión, el Sernac, organizaciones de consumidores, la Junaeb, el INE y diversas áreas de los ministerios de Educación, de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
Pero, además, en este afán de vigilancia también se suma al consumidor, quién podrá informar sobre prácticas que vayan en contra de la regulación. “El rol de vigilancia lo tiene todo el mundo, cualquiera puede vigilar y si no se está cumpliendo, dar aviso. Como siempre vamos a estar trabajando de continuo con la Seremi”, cuenta.
La fiscalización en la práctica
El Sernac puede actuar en esta fase de vigilancia con el desarrollo de estudios que verifican este cumplimiento en los colegios o las restricciones en la publicidad. “Hemos creado un convenio marco que nos permita tener esta alianza en el tiempo”, detalla.
El Consejo Nacional de Televisión aportará con la vigilancia mediante la medición de las audiencias, aunque aún no se ha determinado cómo se fiscalizará en este caso. “Ya hemos tenido unas siete reuniones para ver este tema. Estamos con los abogados estudiando si la sanción será para el programa de televisión o la empresa que publicita el producto en sí. Los canales no quieren incumplir lo que se les está exigiendo y aquí es donde hay una cadena de responsabilidad, de progresión en la fiscalización”, cuenta.
También se están desarrollando campañas de información con dos aristas. Por un lado, una inicial para medios masivos, que promueva la comida saludable, y que estará en marcha a final de este año, y por otro, se implementará una segunda campaña antes de que entre en vigor el reglamento y que explicará en qué consiste, las restricciones en publicidad y las implementaciones de la ley.
Industria CONCRETA cambios
En este primer periodo de implementación de la regulación existen varios grupos de trabajo que estudian el desarrollo de líneas base para saber cómo las empresas van a ir cambiando sus alimentos, como el Inta, de la Universidad de Chile. "A nosotros no nos corresponde entrar en si la empresa está cambiando sus nutrientes, pero nuestra percepción es que sí ha habido modificaciones, también en productos nuevos, que vienen sin adición de sal y azúcar y vemos eso con muy buenos ojos", afirma la representante del Ministerio de Salud. "Hemos sabido por la parte académica, encargada de esto, que se está haciendo bastante investigación en la líneas de quesos, cecinas, bebidas, mucho en líquidos y se está bajando el contenido de nutrientes críticos", agrega sobre un proceso en el que las empresas partieron, en muchos casos, adelantándose a la normativa.
Pero estas no son las únicas modificaciones que se advertirán en la industria. Según se supo con anterioridad, las empresas importadoras dejarán de comercializar al menos 150 productos en el país por la mayor exigencia reglamentaria. Una de ellas será Mondelez, que tiene marcas como Oreo, Milka o Club Social, y que ya anunció que no traerá al menos un 10% de los 400 productos que integran su oferta.
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