Para el día de ayer estaba fijada la audiencia de conciliación entre AFP Provida y Leonidas Vial por la demanda civil indemnizatoria que interpuso la administradora de pensiones por los daños sufridos en el marco del Caso Cascadas.
No obstante, el titular de las sociedades demandadas (Rentas Saint Thomas y Agrícola e Inversiones La Viña), ni sus representantes legales, se presentaron ante el tribunal que lleva la causa, declarándolos en rebeldía.
“A la hora señalada se llevó a cabo la audiencia decretada para el día de hoy, con la asistencia de los apoderados de la parte demandante don Germán Subercaseaux, don Marcos Ubilla Pareja, don Ignacio Larraín Jiménez y en rebeldía los demandados”, consignó el 21 Juzgado Civil tras la audiencia.
En ella, la parte demandante ratificó la acción judicial en todas sus partes, con expresa condenación de costas y solicitó que se reciba la causa a prueba.
De acuerdo a entendidos, esta situación deja el proceso en una gran interrogante y sería una jugada arriesgada por parte de la defensa de Vial. “Al ser un juicio sumario, el acusado y las sociedades demandadas, si no se presentan a la audiencia, sencillamente no están contestando a la demanda, por lo tanto, ahora el demandante va a tener que presentar sus pruebas para que la corte decida”, señalaron cercanos al proceso.
Lo que se vendría por Vial
Y a pesar de que haya sido una decisión arriesgada, desde el círculo cercano a Leonidas Vial señalan que ésta fue una decisión bastante racional y que envía un sólo mensaje: no hay posibilidad de llegar a una conciliación, ya que esto implicaría aceptar que se haya puesto en duda su inocencia.
De esta forma, en los próximos días ingresará a tribunales la respuesta a la demanda civil, y comenzaría el período de presentación de pruebas para su defensa.
La demanda
Provida fue la segunda AFP que inició acciones legales en este caso. Pero, a diferencia de Capital que demandó a todos los que resulten responsables, la AFP controlada por Metlife sólo lo hizo –al menos en una primera instancia- en contra de Leonidas Vial y sus sociedades, por su participación en el denominado “esquema de operaciones” de las cascadas.
De esta forma, la entidad logró sortear el riesgo que implicaba llegar al 22 de septiembre sin haber presentado ningún recurso en contra de Vial. Esto, considerando que ese día se marcaba la caducidad de la última de las transacciones en las que, según la SVS, habría intervenido el empresario
En la demanda, la administradora de fondos de pensiones representada por el abogado Enrique Alcalde, socio del estudio Philippi, se señala que las transacciones cuestionadas y sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros generó “enormes perjuicios”.
Por ello, según comentaron altos ejecutivos de la AFP, se espera que en pocos días más se presente el resto de los recursos civiles en contra de quienes fueron multados por el regulador (Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, Manuel Bulnes, entre otros), y también a directores de las sociedades cascada perjudicadas por el “esquema” en las que Provida sea accionista.
Respecto a los montos, a pesar de que la AFP no fijó una suma en particular, sí concluyó en su demanda que “atendiendo a los hechos no existen dudas que éstos erigen como ilícitos de aquellos merecedores de un reproche jurídico constituido por la atribución de responsabilidad que les cabe a los demandados, siendo suyo el deber de soportar los daños generados a AFP Provida y generándose la obligación de responder mediante una indemnización de perjuicios, por haber obrado contrariando el ordenamiento jurídico”.
En su momento, el gerente general de Provida destacó, además, el rol del resto de las administradoras “la diligencia y responsabilidad con que las AFP hemos actuado en este caso desde sus orígenes ha sido fundamental para que luego la SVS iniciara la investigación que derivó en las sanciones que conocimos”.
Cabe recordar que a nivel de industria se señala que lo que dejaron de ganar los fondos de pensiones por el caso Cascadas fluctúa entre US$ 32 millones y US$ 36 millones.
SVS rechazó recursos de reposición de defensas
La SVS rechazó ayer los recursos de reposición presentados por algunos de los involucrados en el marco del caso Cascadas (Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz, Leonidas Vial y LarrainVial Corredora de Bolsa), y que resultaron en multas cercanas a los US$ 164 millones. De esta forma, según la defensa de Julio Ponce Lerou, el plazo para presentar el recurso de reclamación se extiende hasta el próximo viernes 3 de octubre.
Sobre el recurso interpuesto por el controlador de las Cascadas, la Superintendencia relató que su defensa solicitó que se dejara sin efecto la penalización económica o que se realizara una "rebaja sustancial" de ésta. Y a pesar de los argumentos de los abogados, el regulador señaló que sedio cumplimiento a "todas las etapas procesales respetando el ejercicio de sus derechos y garantías propias de su defensa".
Además, la SVS criticó que, en cuanto a todos los demás vicios del proceso que se señalan en el recurso de reposición, la defensa "se limita a una mera enunciación sin entregar fundamentos de cómo se configurarían esos vicios".
Frente a la defensa de LarrainVial, destaca que no es efectivo lo señalado "en cuanto a que el patrón identificado en la resolución se limitaría a los precios de los remates en los que participaban Oro Blanco o Pampa Calichera (...) su análisis es sesgado".
Sobre la que denominó como la "alegación principal" de Leonidas Vial,-un mismo hecho no podría ser sancionado dos veces, es decir tanto penal como administrativamente-, el regulador la descartó de plano.
A su vez, en el caso de Aldo Motta, la SVS dijo que "resulta conveniente nuevamente recordar que para la defensa del Sr. Motta el interés social de las Sociedades Cascadas requiere que cada capa mantenga el control sobre la capa inmediatamente inferior, lo que se traduce en que el interés social de Pampa Calichera (PC) es aumentar su participación en el flujo SQM en la medida que ello sea financiera y económicamente posible para PC", algo que habría sido impedido.
La difícil tarea de notificar a Ponce, Vial, y otros demandados por Capital
A pesar de que la demanda indemnizatoria presentada por AFP Capital ingresó a tribunales el 29 de abril, una serie de "traspiés" ha impedido que tanto los demandados, entre ellos Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Leonidas Vial, Roberto Guzmán Lyon, y todos quienes resulten responsables, sean notificados del recurso. Esto incluye a quienes son representantes legales de las sociedades relacionadas, instrumentales y las vinculadas. De esta forma, indirectamente el proceso se está haciendo cada vez más engorroso.
Búsqueda en Club de Equitación UC
AL controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, se le ha tratado de notificar en varias oportunidades, y lugares de la más diversa índole.
Por ejemplo, según consta en la causa, se le ha intentado ubicar en su oficina ubicada en El Trovador, Las Condes, en su domicilio particular, y se le buscó en el "lugar de libre acceso al público (...) correspondiendo a la Escuela Deportiva de Equitación UC (...) donde practica equitación todos los días entre las 8:00 AM a 10:00 AM".
Cabe señalar que el empresario aún no ha sido ubicado para estos efectos.
Por otro lado, Aldo Motta fue buscado en dos días distintos en su domicilio "sin ser habido personalmente, pero comprobándose que ese es el domicilio laboral donde ejerce (...) y que sí se encuentra en el lugar del juicio".
Cambios en razones sociales
Por ejemplo, según el último escrito ingresado por los abogados de AFP Capital, tanto Inversiones SQYA y SQ -relacionadas a Ponce Lerou-, fueron transformadas en sociedades de responsabilidad limitada el 28 de octubre de 2013 (los cargos fueron formulados en septiembre de ese año); mientras que Inversiones del Parque, ligada al abogado Roberto Guzmán Lyon también fue convertida a una compañía de responsabilidad limitada.
Por otro lado, Inversiones Saint Thomas, de Leonidas Vial, fue fusionada y absorbida por Rentas ST Limitada.