Un convulsionado 2016 es el que ha vivido la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) particularmente en el frente judicial donde se han multiplicado los flancos abiertos, la gran mayoría vinculados a la “herencia” de la era Jadue y que está lejos de terminar.
A la fecha son cinco querellas las que se han presentado en ese sentido, eso sin contar con la resolución “amistosa” de los conflictos acarreados por las cláusulas de salida de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece.
Como si esto fuera poco, la asociación también ha tenido que enfrentar conflictos legales en el ámbito deportivo, la causa más emblemática es la que por estos días tiene convulsionadas a varias federaciones de fútbol del continente por la apelación de los puntos de la selección nacional tras el partido que empató con Bolivia.
En esta vorágine ¿quiénes son los asesores detrás de la estrategia legal de la ANFP? Como es evidente hay todo un cuerpo interno y externo apalancando estos temas.
El liderazgo–dicen en la asociación- lo asumieron tres de sus directores: Sebastián Moreno, Hugo Muñoz y Juan Carlos Silva, todos ellos abogados que cuando arribaron a la mesa tomaron de inmediato las riendas de los temas judiciales que se desataron tras la salida de Sergio Jadue y su directiva.
Según comentan cercanos, desde el día “uno” la premisa fue dar mayor transparencia a la organización, lo que implica perseguir todas las responsabilidades y llevar los casos hasta las últimas consecuencias para conseguir la reparación de los perjuicios que sufrió la ANFP y que ascienden a varios miles de millones de pesos (solo por concepto de préstamos discrecionales la cifra bordea los $4.000 millones).
Así es como estos directivos trabajaron en dos frentes. El primero armar la ofensiva legal de la mano de su abogado externo, Hugo Rivera, quien los asesora en el ámbito penal desde la primera demanda que entabló la nueva directiva de la asociación por fraude y apropiación indebida. Paralelamente crearon una estructura administrativa que concentrara todos los temas legales (una especie de fiscalía), cargo para el cual contrataron al abogado Ángel Valencia bajo la figura de secretario general y quien, por lo demás, ha encabezado las principales querellas contra el ex timonel del organismo y su cuestionada directiva.
Las acciones interpuestas a la fecha son de toda índole. La primera por apropiación indebida, por las asesorías legales contratadas por Sergio Jadue en EEUU por $ 270 millones. Luego vino la demanda contra los controladores de Deportes Concepción por estafa, por recibir transferencias millonarias por la anterior mesa de la ANFP, que entre 2013 y 2016 habría entregado de forma irregular una suma importante al club penquista.
Las otras querellas se originaron tras los resultados de la auditoría realizada por Deloitte en mayo pasado, que, según el actual presidente de la ANFP, Arturo Salah, demostró que “aquí hubo una organización para delinquir y defraudar”. Tras los hallazgos de la consultora saltaron nuevas acciones legales contra Sergio Jadue y su administración por apropiación indebida; y luego hubo una cuarta querella también contra el ex presidente del fútbol chileno y el arquitecto Leonidas Lautari, luego de que este último entregara servicios a la entidad y también servicios profesionales particulares con pagos millonarios sin respaldo.
Finalmente el viernes pasado se estampó el quinto recurso judicial; esta vez por el proceso de adjudicación del merchandising de la Copa América a Nicolás Abusada, también querellado en esta causa, por proveer de productos que no fueron comercializados y que están acopiados en contenedores en las dependencias de la ANFP.
El otro frente
Como si fuera poco, la dirigencia actual tuvo que enfrentar una nueva disputa legal, esta vez ante la FIFA, tras presentar una denuncia contra Bolivia por haber hecho jugar al defensa de nacionalidad paraguaya, Nelson Cabrera, ante Chile, contra todo pronóstico la sentencia en primera instancia fue favorable a Chile, donde tuvo un rol clave el abogado brasileño, Eduardo Carlezzo, quien encabeza un estudio jurídico especializado en temas deportivos y es experto en litigios ante la Federación Brasileña de Fútbol, la Conmebol, la FIFA y otras federaciones nacionales y continentales. Todo indica que Carlezzo será un nombre que dará qué hablar por algún tiempo más, al menos en esta disputa. 
las cifras en juego
La auditoría realizada por la ANFP arrojó una serie de irregularidades e inconsistencias. Entre los mayores cuestionamientos están:
$3.870 millones emitidos como préstamos discrecionales a los clubes de fútbol.
$ 400 millones entre viajes y abogados contratados por Sergio Jadue para su defensa en EEUU
$ 215 millones al arquitecto Leonidas Lautari por arreglos no autorizados en la asociación y en la casa de Jadue en Huechuraba.
$ 117 millones al asesor de Jadue, Mauricio Etcheverry.
$ 280 millones pagados a una empresa de aplicaciones móviles sin justificar.
$ 125 millones apra el arriendo de un jet privado.
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