En el marco de la esperada junta de accionistas de Norte Grande, Moneda pidió formalmente la renuncia de los directivos y ejecutivos de la sociedad Cascada que han sido sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La corredora apuntó directamente a Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp y Sebastian Oddó.
"Apelando al más básico sentido común, quienes han sido objeto de cargos por la SVS o que han participado en el acto ilegal que ha obligado a la celebración de esta junta, renuncien, de una vez por todas, a ejercer cargos de director o gerente de esta compañía y de sus filiales y que en su lugar se proponga y designe para desempeñar tales funciones a personas cuya idoneidad no esté siendo fundadamente cuestionada, esto incluye al señor Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp y Sebastian Oddo", señala el documento leído en la junta de accionistas de Norte Grande.
"Es inaceptable que quienes expresa o tácitamente han apoyado o validado lo actuado por el controlador y sus asesores pretendan seguir ocupando cargos en la administración de la compañía", agregaron.
La compañía calificó como "inaceptable" que aquellas personas que han apoyado expresamente o tácitamente la actuación del controlador y asesores pretendan seguir ocupando cargos en la administración de la compañía.
"El mínimo pudor y decencia obligan a que quienes han sido objeto de cargos por parte de la SVS, o son imputados en una investigación criminal o han generado o validado actuaciones o interpretaciones que nuestros tribunales han declarado contrarias a la ley, cesen en sus cargos en la administración o asesorando a esta compañía y sus filiales y, por cierto, recibiendo remuneraciones de esta", enfatiza la declaración.
La corredora, además, lamentó las condiciones en que se llevó a cabo la junta y rechazó la conducta de los controladores y asesores.
"No podemos dejar de manifestar y lamentar, profundamente, la circunstancia de que la celebración de esta junta responda a una orden emanada de la autoridad reguladora, la Superintendencia de Valores y Seguros, que ha debido ser ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, todo ello atendida la contumaz, terca, impropia e ilegal conducta de los controladores y sus bien remunerados asesores", dice el documento.
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