El requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es claro: "A mediados del año 2000, don Gabriel Ruiz-Tagle Correa, entonces dueño de PISA y don Jorge Morel Bulicic, gerente general de CMPC a la época, se reunieron en más de una oportunidad en el restaurante del Club de Golf Las Brisas de Chicureo. En esas reuniones acordaron subir los precios, poniendo término a la guerra comercial existente, y en adelante mantener estable las participaciones de mercado de CMPC y PISA".
En distintas entrevistas, Ruiz-Tagle señaló que no fue parte de la colusión y que sólo se había reunido con ejecutivos de CMPC para alegar ciertas irregularidades -básicamente bloqueos- que tenían complicada a la compañía.
Sin embargo, pese a lo clara de la acusación de la FNE, el requerimiento no abordó sanciones para el ex ministro del Deporte de la administración de Sebastián Piñera, ni tampoco para el ex ejecutivo de la CMPC.
El abogado Hugo Caneo explica que la FNE tiene la opción de ir contra personas naturales, porque está establecido en la legislación, pero que es poco usual, ya que generalmente se va contra empresas, que son las que pueden absorber las multas.
Francisco Agüero, del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, agrega que por temas prácticos hay oportunidades en que no se utiliza esta opción. Esto, porque las causas se vuelven poco manejables, por lo que se pone en riesgo el éxito de la causa, que busca sancionar y terminar con el cartel.
Aunque se desconoce el razonamiento utilizado por el fiscalizador para no incluir a Ruiz-Tagle, motivos puede haber varios. Primero, el tema práctico, pero además la necesidad de tener pruebas contundentes para acreditar la responsabilidad y culpabilidad.
Finalmente hay un aspecto que no es menor: la caducidad de las conductas sancionadas. Esto, porque según la legislación hay un período de cinco años, lo que generalmente da para discusiones desde cuándo comienzan a correr los plazos. En el caso de Ruiz-Tagle, las reuniones a las que se aluden ya están prescritas, además que el ex ministro dejó el directorio de la empresa en 2010.
Fortalecer la FNE
Respecto al caso, Caneo respalda el accionar de la FNE, ya que demuestra que el requerimiento ha sido sólido, al no haber cuestionamientos a la existencia del cartel.
Sin embargo, dice que esto debería dar luces respecto de que es necesario fortalecer el trabajo de este organismo, con más recursos, para que la FNE puede ampliar su fiscalización a un sinnúmero de sectores donde pueden existir carteles.
Nueva ley: El lento trámite
A la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados pasó a fines de septiembre el proyecto de ley que modifica la actual normativa sobre libre competencia, elevando las multas y estableciendo penas aflictivas para el delito de colusión. El proyecto fue votado por unanimidad en la Comisión de Economía de la Cámara, por lo que continúa en su primer trámite legislativo, esto tras siete meses. La iniciativa ingresó en marzo de este año, y en mayo, la Corte Suprema realizó una serie de críticas respecto de la disminución de facultades para el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que contenía el proyecto. El proyecto de ley se encuentra hoy con urgencia simple, pero el gobierno evaluaría hoy si le da suma urgencia, para así acelerar su trámite legislativo.
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