Sanción social frente a la colusión

La colusión entre una filial de CMPC y SCA que ha denunciado la propia empresa y la Fiscalía Nacional Económica es, sin duda, un hecho inaceptable. Constituye una falta gravísima a los principios elementales de una conducta ética y perjudica el funcionamiento eficiente del mercado. En definitiva, es extraer recursos de todos los consumidores para beneficio personal y de las empresas.

Eso genera un grave daño a la ya deteriorada imagen de quienes dirigen las empresas y al mercado, como mecanismos para asignar recursos eficientemente. Lo anterior debe llamar a una profunda reflexión a los que tenemos la responsabilidad de formar profesionales que serán los ejecutivos y empresarios del futuro.

Existen muchos sectores en Chile en que el mercado es oligopólico, en varios casos con un una empresa dominante; en tal contexto, de acuerdo a la amplia literatura que existe al respecto, la tendencia a que los competidores dejen de serlo, a través de acuerdos de distinto tipo (de precios, cuotas o participación), es mucho mayor que en mercados atomizados y con productos diferenciados. Esto se enseña hace mucho en cursos de Economía y Derecho.

Nuestra Fiscalía Nacional Económica tiene personal muy calificado que conoce este hecho. Por ello, es prioritario reforzar sus competencias e inyectar más recursos, lo que permitiría una acción más eficaz de prevención y monitoreo. No necesariamente la solución es generar nuevas regulaciones, especialmente si ellas son desproporcionadas a las faltas o delitos, y si no existe capacidad de fiscalizar su cumplimiento.

Es sabido que estos comportamientos son muy difíciles de detectar y más aún de comprobar judicialmente, porque el nivel de exigencia de las pruebas es casi imposible de lograr sin confesión. Por esta razón, se incorporaron nuevas capacidades de investigación y la delación compensada -cuya discusión me correspondió encabezar como Ministro de Economía en el parlamento-, que se incluyó en la legislación Antimonopolio, como elemento es fundamental para poder detectar estos acuerdos y tener pruebas de buena calidad.

Dado que estas situaciones se producen por comportamientos de las personas, que en este caso han sido preliminarmente identificadas, es que en la formación de los futuros ejecutivos resulta indispensable plantearse, una vez más, el tema. La pregunta es cómo internalizar en los estudiantes que la conducta debe basarse en principios morales, y es una cuestión ampliamente debatida en universidades de todo el mundo.

Hoy está claro que un curso de ética en los negocios, tratada en forma aislada, fuera del contexto que comprende una carrera universitaria, no tiene resultado alguno, más aún si no existe una verdadera sanción social de quienes conducen un país, sean políticos, dirigentes gremiales, empresarios o ejecutivos. Es vital aprender con el ejemplo.

Ya indicamos que este caso profundiza la desconfianza no solo hacia las personas que dirigen las empresas, sino que respecto al funcionamiento mismo de los mercados. Si la respuesta frente a eso no es categórica, sin paréntesis o notas a pie de página, se impondrán las visiones de quienes no quieren que existan mercados libres, ni empresas privadas que se orienten por obtener utilidades. Ese es el gran tema que se debe analizar.