Luego de conocerse que algunas administradoras podrían tener problemas para cumplir el plazo entregado por la Superintendencia de Pensiones para responder el oficio por el que busca conocer el detalle de los daños provocados por el esquema de las sociedades cascada, conocedores de la materia confirmaron que de ser poco el tiempo, las AFP podrían pedir una prórroga al regulador, la que sería analizada “en su mérito”. A priori -dicen fuentes cercanas al ente- podría otorgarse la extensión.
Sin embargo, la tarea para las AFP no es fácil. Lo anterior, porque además de que consideran “acotado” plazo para responder el oficio en el que se pedía la estimación de los perjuicios -10 días hábiles-, se suma la nula definición de los parámetros a ocupar para determinar los montos.
Fuentes de la industria explican que no está clara la forma en que se abordarán esos daños, porque si bien producto de las operaciones cuestionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) las AFP no habrían tenido pérdidas -como consignó la defensa de Julio Ponce- por otra parte, sí habrían dejado de percibir “ganancias adicionales”, y la forma de cuantificarlas es la que genera dudas.
Con todo, el plazo estipulado por el regulador para responder al oficio vence el próximo miércoles 17 de septiembre a las 12 de la noche, y éste puede ser respondido vía web por las administradoras, de manera de hacer el trámite lo más expedito posible.
Sobre las condiciones de una eventual prórroga presentada por una o varias administradoras, las mismas fuentes comentan que lo realmente importante, y que tendría en cuenta la Superintendencia a la hora de analizar la información, será revisar que la metodología utilizada para cuantificar los daños y estudiar las acciones legales a seguir, esté correctamente validada por cada administradora.
Cabe recordar que la ex superintendenta del ramo, Solange Berstein, fue citada en octubre de 2013 a la Comisión Investigadora del Conflicto entre accionistas de SQM para dar su versión respecto de cómo se estaban resguardando los fondos de los afiliados al sistema de AFP. En la oportunidad, Berstein afirmó que lo primero debía ser “finiquitar la investigación que está llevando a cabo la Superintendencia de Valores y Seguros para poder determinar cuáles son las transacciones donde se verifique un ilícito, especificar el impacto sobre la sociedad en la que se invirtieron los fondos y, a su vez, cuál es el impacto sobre la AFP como accionista minoritario” consigna el informe emitido por la sesión.
Los detalles del oficio
La instrucción establece que las AFP deben remitir a la superintendencia su "análisis y evaluación de los eventuales perjuicios para cada tipo de fondo, con especial detalle de las transacciones consideradas, así como los precios de referencia utilizados para fundamentar dicha estimación".
Del mismo modo, tendrán que informar, en el mismo plazo, las "acciones legales, diligencias o medidas a adoptar para requerir la indemnización de perjuicios que pudieron haberse causado a los fondos de pensiones", dice el documento.