A pesar de que ya son varios los frentes que mantiene abiertos la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) con las denominadas sociedades cascada, hasta el momento no había ninguno que tuviera relación directa con SQM.
Sin embargo, la situación cambió luego de que la semana pasada el regulador enviara un oficio a la compañía -controlada por Julio Ponce Lerou a través de las cascadas-, para que informara sobre las supuestas operaciones entre relacionadas que, según acusa un minoritario, no habrían cumplido con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes de la ley de Sociedades Anónimas, que establecen la forma en la que éstas deben ser realizadas. La relación con las demandas cruzadas entre Corfo y SQM está en que la estatal, justamente, alega que la compañía habría realizado estas operaciones sin haberle informado y provocándole un millonario perjuicio (ver recuadro).
Una de las faltas, según señalan conocedores del proceso, es que dichas transacciones no habrían sido informadas al directorio, por lo que además tampoco se habría cumplido con la necesaria aprobación de la mesa para llevarlas a cabo.
De hecho, según habría trascendido, el directorio de la compañía aún no habría sido informado, al menos oficialmente, del conflicto con la estatal, ni menos del oficio enviado por la SVS.
Según la ley, una vez que las operaciones entre partes relacionadas son aprobadas por los integrantes de la mesa que no se hayan abstenido, las transacciones deberán ser informadas en la siguiente junta de accionistas.
Cabe recordar que el reclamo fue presentado el pasado 9 de septiembre por Renta Nacional Compañía de Seguros de Vida, representada por el abogado Cristián Rosselot. En el documento se argumenta que SQM Salar vendió distintos tipos de productos a una empresa relacionada, a un valor inferior que al de mercado, afectando de esta forma la vigencia del contrato con Corfo, y a otros intereses de la compañía y de los accionistas.
Renegociación
En las próximas semanas, la demanda arbitral en la que Corfo exige a SQM una millonaria indemnización,
y el término inmediato del contrato de arriendo de sus pertenencias mineras en el salar de Atacama, entraría a la fase de conciliación.
Conocedores del proceso indican que desde mayo, cuando esta acción fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, al igual que una demanda cruzada que fue interpuesta por la compañía ligada a Julio Ponce y Kowa, ambas partes han encargado diversos estudios que avalen sus posturas.
Por parte de la minera no metálica existiría un informe en derecho que habría elaborado el abogado Enrique Barros, mientras que la Corfo estaría por adjuntar un estudio económico que estaría a cargo de la consultora especializada SignumBOX y en el cual se estimaría el monto que la entidad estatal habría dejado de percibir durante el período en que la arrendataria habría incumplido dos de las cláusulas del convenio suscrito a mediados de los ’80. Una de ellas es que la firma no habría pagado en forma íntegra la renta estipulada, al menos entre enero de 2009 y diciembre de 2013.
Otras fuentes comentan que más que extinguir la relación comercial con SQM, la intención de la entidad de fomento sería aprovechar esta ventana de dialogo para renegociar los términos de precio del arrendamiento de sus pertenencias en el salar de Atacama, cuya extensión es similar a la de toda la Región Metropolitana, y plasmarlos en un contrato nuevo.
Lo que pide corfo en la demanda a SQM
Una indemnización por un mínimo de US$ 9 millones y la solicitud de término inmediato del contrato de arriendo de sus pertenencias mineras en el salar de Atacama, pidió Corfo en la demanda arbitral que presentó en mayo pasado contra SQM Salar, filial de SQM, por diferencias en el monto que la firma ligada a Julio Ponce Lerou, Kowa y PCS, se había comprometido a pagar.
La estatal dice que SQM Salar habría incumplido al menos dos cláusulas del convenio que data desde mediados de los ochenta y fue modificado en 1993 y 1995 por las partes e involucra el arriendo de un total de 28.054 pertenencias que la estatal posee. En el escrito Corfo indica que SQM Salar no habría pagado de forma íntegra la renta estipulada en los contratos para el arriendo de las pertenencias, al menos entre enero de 2009 y diciembre de 2013. Estos pagos debían ser trimestrales y su monto se definiría a partir de un porcentaje de las ventas derivadas de la explotación de los minerales contenidos en el Salar de Atacama, cuyo precio debía determinar un consultor internacional independiente, cuestión que la compañía privada no habría cumplido.
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