Poco después de las 9:00 AM comenzó la audiencia de formalización de Aldo Motta y Claudia Morales, en la arista que investiga la Fiscalía Centro Norte sobre la falsificación de actas de Oro Blanco y Pampa Calichera.
El fiscal José Morales explicó que ambos imputados habrían falsificado cuatro actas -de marzo y abril de 2011- de las reuniones de directorio de las sociedades, con el fin de "encubrir la participación de Motta en la denominada Operación Linzor".
Algunos de los argumentos de la fiscalía, se basan en copias de actas que les habría entregado Pablo Guerrero, quien en 2011 se desempeñaba como director de las Cascadas, las que difieren de las entregadas por Motta a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La fiscalía acusó que se habrían reemplazado hojas en las actas de las reuniones de directorio, incluyendo un punto en los temas tratados en las citas, en el que se decía que Motta habría informado de las operaciones de compra-venta de acciones a través de Linzor, lo que habría sido autorizado un día antes por los tres directores. Todo ello, acusa la fiscalía, sería falso.
"Las actas recibidas por este servicio (la SVS) fueron funcionales a las defensas de los señores (Julio) Ponce Lerou y (Aldo) Motta Camp como prueba que podrían verificar su versión de los hechos", acusó el fiscal Morales.
Por lo tanto, se formalizó a Aldo Motta por infringir el artículo 59 letra a) de la Ley de Mercado de Valores, al entregar copia de los antecedentes a sabiendas que contenían información falsa. Asimismo, Claudia Morales, fue formalizada como cómplice, pues habría permitido la reelaboración de dichos documentos con información falsa, reemplazando los originales.
La defensa
En tanto, la defensa de Aldo Motta, el abogado Julián López, declaró que no existía un falseamiento de actas, sino que la copia entregada por Guerrero era un borrador; mientras que las entregadas por Motta eran las finales. "Estamos probablemente ante el caso más complejo de la historia del mercado de valores de Chile y, a nuestro juicio, se está cortando el hilo por lo más delgado, imputando un hecho que está absolutamente en los márgenes del caso que está investigando la fiscalía", dijo López. La defensa también mostró declaraciones del mismo Guerrero, quien en una primera instancia, habría reconocido que Motta pidió autorización para las transacciones, para luego desdecirse.
Con todo, el tribunal decretó tres meses para la investigación y el arraigo nacional de Motta, que había solicitado la fiscalía. Dentro de las diligencias pendientes, están que las autopistas informen del paso de los vehículos -con sus TAG- para determinar dónde se encontraban los días de los supuestos directorios y llamar a declarar a otros miembros de la mesa de las cascadas que hasta ahora no lo han hecho.
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