Mañana, a las 9:30 horas llegarán hasta las oficinas de Icare los accionistas de La Polar para aprobar o rechazar un aumento de capital clave para el futuro de la empresa. La junta extraordinaria citada desde antes que se destapara el escándalo, busca incrementar el capital social de la empresa en hasta US$ 400 millones, sin embargo, fuentes confirman que las AFP han puesto algunas condiciones para dar el visto bueno a dicho incremento.
Según cercanos al proceso, las administradoras de Fondos de Pensiones con intereses en la compañía impusieron una serie de requisitos para avalar la operación, las que de no cumplirse pondrían en riesgo la aprobación del aumento.
Y es que según comentan, las AFP no están dispuestas a arriesgar aún más los recursos invertidos en La Polar, razón por la cual exigen que se acepten sus exigencias.
Condiciones
Una de las primeras condiciones de las AFP es que la repactación con los bancos y tenedores de bonos esté lista para el día de la votación. Esto, habría convertido en una verdadera cuenta regresiva las negociaciones, tomando en cuenta que la votación del aumento de capital está agendada para mañana.
Segundo, las AFP buscan que se defina claramente el destino de los recursos que serán aprobados, requesito que se relaciona directamente con la tercera condición. Las administradoras de fondos piden que La Polar congele su plan de inversiones de la compañía y, junto con ellos, los planes de expansión en Colombia. (ver recuadro)
Otro de los requisistos que habrían puesto es que se termine con el sistema de stock options para los ejecutivos.
¿Aumento de capital?
¿Habrá aumento de capital?, es la gran interrogante. Lo claro es que La Polar está en una situación compleja, porque tiene que rehacer sus estados financieros, lo cual dejará en evidencia que se encuentra en incumpliendo de ratios de solvencia. Ante ello, la percepción del mercado es que La Polar va directo al incumplimiento de pagos, salvo que aparezca alguien dispuesto a comprarla a muy bajo precio, o como unidad económica en un convenio judicial preventivo y comience a negociar con los bancos.
Es tal el pesimismo e incertidumbre que hoy ronda en torno al futuro de la multitienda, que hay algunos inversionistas que están viendo la posibilidad de comprar acreencias con miras a cobrarlas en una eventual quiebra.
Todos los pronósticos apuntan a que esto va directamente a la insolvencia, y que un convenio judicial no será capaz de sacar adelante la compañía, ya que sólo alargaría la agonía de la empresa.
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