La
Comisión Europea (CE) dio hoy un ultimátum de dos meses a
Alemania, bajo amenaza de una nueva denuncia ante el Tribunal de Justicia de la
UE, para que acate otra sentencia de esa corte y elimine el control público en
Volkswagen.
En octubre de 2007, el Tribunal falló que varias
disposiciones de la llamada "ley Volkswagen" -aprobada en 1960, para
regular la privatización de la empresa- atribuyen derechos especiales
injustificados a las autoridades alemanas, en concreto, al Land de Baja Sajonia.
Aunque Berlín reformó la ley y eliminó algunas de
las disposiciones impugnadas por la corte de Luxemburgo, sigue garantizando
poder de veto a Baja Sajonia.
Bruselas abrió en junio un procedimiento sancionador a
Alemania por este motivo y hoy dio un paso más, con el envío de un
"dictamen motivado", previo a la denuncia ante el Tribunal.
Si el caso llega de nuevo a la corte europea, Alemania se
expone a una sanción económica.
La reforma de la ley -que el parlamento alemán aprobó hace
dos semanas con un apoyo mayoritario, más allá de los socios de Gobierno-
mantiene el requisito de contar con el respaldo del 80 % del capital para tomar
decisiones importantes, en vez del 75 % que establece la ley de sociedades
anónimas.
En la práctica, esta disposición deja el control de la
compañía en manos del estado de Baja Sajonia que, con el 20,7 % de los títulos
de Volkswagen, es el segundo accionista del grupo, y perjudica a Porsche, el
primer accionista, con más del 40%.
La
Comisión Europea recuerda que el Tribunal de la UE concluyó
que esta disposición vulnera el principio comunitario de libre movimiento de
capitales.